El jefe de filas del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, exige que Bélgica no sea "un santuario para los fugados de la justicia española" después de su rechazo a la extradición de Valtònyc.

Horas más tarde que un juzgado de primera instancia denegara la euroorden emitida por la Audiencia Nacional para considerar que los delitos por los cuales se le condena se enmarcan en la libertad de expresión, González Pons —uno de los eurodiputados que se ausentó en la votación de sanciones contra la Hungría de Viktor Orbán— ha hecho pública una nota de prensa este lunes donde asegura que la decisión del tribunal de Gante "pone en cuestión la soberanía nacional y la actuación de la justicia española". Por eso, pide al gobierno socialista de Pedro Sánchez que "reaccione de forma inmediata". Además, ha vuelto a reclamar que se actualicen los "mecanismos existentes" que facilitan la entrega entre estados miembros de la Unión Europea de "presuntos delincuentes buscados por delitos graves", es decir, el sistema de órdenes de detención europeas.

"En la Unión Europea del siglo XXI no puede haber santuarios en un país miembro en que los huidos de la justicia de otro país miembro se instalen impunemente", ha criticado el líder del PP en el Parlamento Europeo. González Pons ha pedido en repetidas ocasiones después de la denegación alemana de la euroorden de Carles Puigdemont que se reforme el sistema de euroórdenes y se revise el listado de delitos que permiten la extradición automática sin considerar si existe un doble incriminación.

Decisión judicial en Flandes

El juzgado de primera instancia de Gante se ha opuesto este lunes por la mañana a su entrega en el Estado español, que lo reclama para cumplir una pena de prisión de tres años y medio por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias a la Corona y amenazas por las letras de varias canciones que escribió y subió a internet. El juez ya descartó en agosto la extradición automática por terrorismo, que la Audiencia Nacional había marcado en la euroorden, y ahora ha tumbado todo el caso. El Estado español todavía puede apelar si así lo decide la fiscalía belga. Si no, el caso quedará cerrado.

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