La Eurocámara ha votado este miércoles a favor de abrir un proceso para sancionar Hungría para erosionar la democracia, a pesar de la abstención del PP español. El Parlamento Europeo (PE) ha aceptado una resolución que recomienda activar el procedimiento marcado en el artículo 7 de los tratados europeos para suspender los derechos de voto en la UE del gobierno de Viktor Orbán como respuesta al "riesgo de violación" del estado de derecho en este país.

Es la primera vez que el PE propone activar el artículo 7 y lo ha hecho con la sólida mayoría de más de dos terceras partes de los eurodiputados: 448 a favor, 197 en contra y 48 abstenciones. Según fuentes parlamentarias los eurodiputados del Partido Popular han decidido abstenerse de la votación después de debatir hasta el último momento entre esta opción y votar a favor de la resolución.

El gran consenso parlamentario necesario para sacar adelante la resolución requería que al menos parte del Partido Popular Europeo (EPP) donde se integra Fidez, la formación de Orbán, votara a favor.

Ante la controversia dentro del grupo sobre el apoyo al líder húngaro, el EPP decidió dar libertad de voto a sus miembros. Así, se esperaba que la posición de los populares de Alemania, Francia y España –las delegaciones mayores dentro del grupo- fueran claves para desencallar el voto.

Finalmente, la delegación española ha optado por, de forma mayoritaria, no dar su opinión con siete abstenciones. A pesar de que seis de los 16 eurodiputados populares, entre los cuales se encuentra Esteban González Pons, han decidido no votar y se los tres diputados restantes, Pilar Ayuso, Gabriel Mato y Carlos Iturgáiz, han votado en contra de sancionar Orban. Este artículo es el que desde el independentismo se ha pedido que se aplique en España por la gestión del proceso soberanista a raíz del 1 de octubre.

En el caso de Hungría, en julio Bruselas llevó a este país al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para incumplir la legislación europea sobre asilo y retornos y expresó su preocupación por la "criminalización" de las ONGs que trabajan con refugiados.

Ahora Budapest tendrá que dar explicaciones a sus socios europeos al Consejo de la UE que tendrá que decidir por una mayoría de al menos 22 estados de los 27 activar o no artículo 7.

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