El Gobierno ha vuelto este martes a salir en defensa del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Tribunal Supremo haya dado ya el paso de abrir juicio oral contra él y sentarlo en el banco de los acusados. A pesar del "máximo respeto" del ejecutivo de Pedro Sánchez hacia la decisión de la justicia, la portavoz Pilar Alegría ha reivindicado su "inocencia". "El fiscal general ha defendido la verdad y ha perseguido un delito", ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Fuentes de la Moncloa insisten en que García Ortiz tiene que continuar en el cargo, y que no tienen la idea de cesarlo de sus funciones porque todavía tiene toda su confianza. De hecho, el Supremo también ha descartado suspenderlo de sus funciones de forma cautelar.

 

Este martes, el juez Ángel Hurtado ha decidido enviar a juicio a García Ortiz por la causa que investiga: la filtración a los medios de comunicación de unos correos electrónicos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en los que reconocía haber cometido un delito fiscal y pedía llegar a un acuerdo con la Fiscalía. El magistrado ha rechazado la petición que le hizo la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales de suspenderlo cautelarmente y, por lo tanto, podrá continuar en el cargo. Además, le impone una fianza de 150.000 euros para asegurar responsabilidades pecuniarias y le da cinco días para presentarla. Si no lo hace, se le embargarán bienes para garantizarla. "No es tolerable ninguna divulgación a terceros sin autorización del interesado, cuya reputación pudiera verse perjudicada por esta revelación", sostiene el juez.

El magistrado, en el escrito de este martes, se sustenta en la "solidez de la base indiciaria acumulada durante la instrucción" y argumenta que existen suficientes indicios para enviarlo a juicio después de que la investigación haya aportado "materia delictiva suficiente". "Revelar una cosa tan sensible comporta una merma para el derecho de defensa, con eventual repercusión en el derecho a la presunción de inocencia, y un claro deterioro para el sistema de conformidad penal", esgrime el auto. Hace un mes y medio, la Sala de Apelación del Supremo ratificó que "la apreciación conjunta de todos los elementos indiciarios" permitía concluir que la filtración fue una "actuación coordinada e impulsada personalmente" por el fiscal general del estado.

La previsión del Supremo es juzgar al fiscal general del Estado en noviembre con un tribunal de mayoría conservadora. El viernes pasado, en la apertura del año judicial, él se defendió ante la judicatura y de los jueces del Supremo que lo tendrán que juzgar: "Si estoy aquí es porque creo en la justicia, en el estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad y, por supuesto, también en la verdad", verbalizó.