El Gobierno tratará de conseguir por la vía de los tribunales el archivo de Francisco Franco que custodia la fundación a la que da nombre el dictador. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este jueves que pedirá a la Abogacía del Estado que reclame judicialmente los cerca de 30.000 documentos de la Fundación Nacional Francisco Franco. Urtasun ha aseverado en una entrevista a Televisión Española que dicho archivo contiene documentación del dictador cuando era jefe del Estado, por lo que asevera que es de dominio público y "pertenece a la administración, a los españoles".
El ministro de Cultura asegura que un informe del Ministerio acredita el dominio público del archivo y que se trata de papeles procedentes del despacho del dictador y de sus dependencias privadas. Así, sostiene que deben ser "restituidos al Estado" y conservarse en un archivo público en virtud de lo dispuesto en la Ley del Patrimonio Histórico Español. Urtasun ha valorado este jueves que esos documentos deben servir a los investigadores y a los ciudadanos para "documentar la represión" y toda la información que contienen sobre la dictadura.
El archivo consta en concreto de 27.620 documentos que están digitalizados: se conservan unos 950 documentos de los años 30 (un 3,4 % del total), 8.500 documentos de la década de los 40 (un 30,8 %), 9.500 de los 50 (34,4 %), 5.700 documentos de los años 60 (20,6 %) y 1.040 documentos de los 70 (3,8 %). Junto a ellos hay otros 2.000 sin fechar.
El Gobierno inicia el trámite para extinguir la FNFF y otras fundaciones
Urtasun mantiene de esta forma su cerco a la Fundación Nacional Francisco Franco y a otras asociaciones de extrema derecha. El ministro de Cultura, de la rama de Sumar del Gobierno de Pedro Sánchez, anunció a finales de octubre la extinción de la fundación franquista en virtud de la ley de memoria democrática. La norma, impulsada en 2022 por el Ejecutivo de Sánchez, condena como "contrarias al interés general" cualquier expresión de apología al golpe de Estado y la dictadura o enaltezca a sus dirigentes.
La Fundación Nacional Francisco Franco, por su parte, replicó que el acuerdo del Gobierno para extinguirla "no tiene fundamento jurídico". La entidad vinculó el interés de Urtasun por la coincidencia con el 50 aniversario de la muerte del dictador y como cortina de humo por las sospechas de corrupción en Ejecutivo de Sánchez y el PSOE. Asimismo, la fundación denunció lo que considera una "vulneración del derecho a la libertad ideológica" y el "sectarismo" del Gobierno. Además, la entidad reivindicó con orgullo la apología a la figura del dictador.
Además, de la FNFF, Urtasun inició el martes el proceso para extinguir las fundaciones en honor a Primo de Rivera, Blas Piñar, Serrano Suñer y Queipo de Llano. "Un gobierno democrático no puede permitir que el olvido se infiltre en nuestra memoria colectiva y la desintegre, ni puede eludir el respeto a las decenas de miles de víctimas de la dictadura franquista, y tiene que exigir siempre, en todo momento, verdad, reparación y justicia", aseveró el ministro.