El Gobierno ha comunicado este viernes a la Fundación Francisco Franco la apertura del proceso para pedir su extinción, tras concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque será la Justicia quien tendrá la última palabra. Hace tiempo que el ejecutivo tiene a la FFF en el punto de mira y los trámites para solicitar la extinción de la fundación franquista, que alaba y preserva el legado y la memoria del dictador, empezaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones, empezó a recopilar información. El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya anunció que “nosotros no ilegalizamos la Fundación, lo que hacemos es extinguirla”, asegurando que esta fundación “no tiene ningún sentido en una democracia”. Este proceso de extinción comenzó con la petición por parte de Cultura de un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el Gobierno español considera que la Fundación Francisco Franco incumple la Ley de Fundaciones y la ley de memoria democrática. Tras la recepción de estos informes, Cultura ha dado un paso más allá, al comunicar oficialmente este viernes a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la Justicia. Mientras los tribunales dictaminan, solicitarán medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la Fundación hasta que haya una decisión judicial sobre su extinción.

Informes, testimonios y análisis para fundamentar la petición

La comunicación se ha realizado a través de una resolución de 37 páginas, a la que ha tenido acceso la agencia EFE, en la que se detallan las causas por las cuales, en opinión del gobierno español, la FFF debe ser extinguida. La fundación dispone ahora de un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio. Cultura se basa fundamentalmente en el informe que emitió el pasado mes de mayo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el registro de fundaciones señaló que, en su caso, no era competente para identificar las entidades que deben ser extinguidas. Por su parte, la secretaría de Estado de Memoria Democrática aportó un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, además de un análisis sobre la presencia de la Fundación Francisco Franco en los medios de comunicación. Con todo este material, y después de analizar todo el contenido de la página web de la fundación, Cultura concluye que la entidad no persigue fines de interés general, que es uno de los motivos que pueden propiciar su extinción, ya que sus actividades “son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente” y ofrecen una visión “inequívocamente positiva del franquismo”.

Argumentos para pedir la extinción

El gobierno español, sin embargo, considera que la Fundación Francisco Franco cumple con otros argumentos para pedir su extinción y que están recogidos en la ley de memoria democrática, como son la apología del franquismo, el menosprecio y la humillación a las víctimas, y la incitación directa o indirecta al odio y a la violencia. Por ello, pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un “prisma negacionista” y que “negaban o disminuían el alcance de la represión”, como uno titulado La mentira de los niños robados del franquismo. Según informa EFE, fuentes del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consideran que han recopilado y aportado pruebas “suficientes y destacadas” para que el juez o la jueza que lleve este proceso “no tenga más opción” que acordar la extinción de la entidad. Estas fuentes añaden que su intención es acudir a la Justicia lo antes posible, sin necesidad de agotar el plazo de nueve meses de que disponen a partir de ahora, y que solicitarán medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la Fundación hasta que haya una decisión judicial sobre su extinción.

La Fundación Francisco Franco, por su parte, tiene ahora este plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. La FFF ha asegurado siempre que declarar su extinción sería contrario a la Constitución, pero fuentes de ambos ministerios remarcan que una cosa es la libertad de expresión y otra la creación de una fundación, la cual posibilita, entre otros aspectos, beneficios fiscales, algo a lo que aseguran que esta entidad no debería tener derecho.