La renovación de los órganos constitucionales va avanzando. Sigue faltando el más importante, el Consejo General del Poder Judicial. Pero el Gobierno y el PP ya han desbloqueado el resto de instituciones que tenían el mandato caducado. Después de unos días de negociaciones muy intensas, esta noche han cerrado los nombres para el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. Remarcan que los escogidos lo son por consenso y que son "profesionales de prestigio reconocido y una dilatada trayectoria profesional". El TC conservará la mayoría conservadora, pero en el Tribunal de Cuentas se ha hecho una buena purga y en la mayoría de instituciones se han colado perfiles próximos a Unidas Podemos.

En el Tribunal Constitucional, que tenía un tercio con el mandato caducado, entrarán cuatro personas. Al renovarse parcialmente, la mayoría seguirá siendo conservadora en el alto tribunal. Los nuevos miembros serán la presidenta de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel; el letrado de las Cortes Generales y exvocal del CGPJ, Enrique Arnaldo Alcubilla; la magistrada del TSJ de Andalucía, Inmaculada Montalbán, y el magistrado de la Audiencia Nacional, Juan Ramón Sáez. La relación es de dos conservadores y dos progresistas, los mismos que se marchan. A Espejel y Arnaldo se los considera próximos al PP, mientras a Montalbán se la sitúa en la órbita del PSOE y Sáez en la de Podemos (y antes Izquierda Unida). Mientras Sáez absolvió al major Trapero, Espejel formuló un voto particular porque creía que se le tenía que condenar. Salen del TC los conservadores Juan José González Rivas y Andrés Ollero y los progresistas Encarna Roca y Fernando Valdés.

El Tribunal de Cuentas se renueva casi por completo, con diez nuevos miembros de doce. Sólo repiten a las progresistas Dolores Genaro y Enriqueta Chicano. Genaro es justamente quien formuló un voto particular demoledor en la causa contra los dirigentes y exdirigentes de la Generalitat por la acción exterior. La mayoría del órgano fiscalizador pasará a ser más favorable a La Moncloa, que esperan que estos cambios ayuden a diluir justamente el contencioso del independentismo. De hecho, la encargada de juzgar la causa, la exministra del PP Margarita Mariscal de Gante, será relevada, así como el resto de la sección de enjuiciamiento. Deberá formarse un nuevo tribunal.

En el nuevo Tribunal de Cuentas también habrá dos catalanes: Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona) y Llum Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona).

El resto de incorporaciones en el TCu son Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la Universidad Complutense), Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid), Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo), Rebeca Laliga (subdirectora general del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia), José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil), Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada), Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado y próximo a Podemos) y Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).

Como ya ha trascendido esta misma tarde, el escogido para el Defensor del Pueblo ha sido Ángel Gabilondo, que justamente aparecía en todas las quinielas. Además de catedrático de Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid, también fue ministro en el gobierno de Zapatero y candidato del PSOE en las dos últimas elecciones madrileñas. ​La número dos de Gabilondo será la diputada del PP Teresa Jiménez Becerril.

Finalmente, la nueva directora de la Agencia Española de Protección de Datos será Belén Cardona, catedrática de derecho del trabajo a la Universitat de València. Su adjunto será Borja Adsuara, abogado y consultor en derecho digital.

Ahora hace diez días, el Gobierno y el PP acordaron desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia de Protección de Datos. La previsión era llevarlo la semana que viene al pleno del Congreso, pero probablemente se aplazará una semana más porque no hay ninguna sesión plenaria convocada para aquella semana. No tendrá problemas para ser aprobada la lista cerrada entre Moncloa y Génova. A fin de que estos nombramientos prosperen, hacen falta los votos favorables de tres quintas partes del Congreso de los Diputados, es decir, 210 votos a favor. El PSOE, Unidas Podemos y PP suman 244 escaños.

Ahora desde La Moncloa aprietan para que los populares también accedan a renovar el CGPJ. Pero el órgano de gobierno de los jueces es la pieza más delicada del organigrama institucional. Y los populares se resisten.