Los miembros de Esquerra Republicana imputados por el Tribunal de Cuentas, entre ellos el presidente del partido, Oriol Junqueras, y el vicesecretario de Prospectiva y Agenda 2030, Raül Romeva, han presentado un recurso después de que este jueves el organismo rechazara el aval presentado por los imputados que cubría los 5,4 millones de euros en fianzas que se les exigen y que había otorgado el Institut Català de Finances (ICF). Según ha informado ERC en un comunicado a la prensa, la defensa de los imputados republicanos pide que se admitan los avales presentados y argumenta que los afectados han sufrido un claro perjuicio "al verse privados de la posibilidad de hacer uso del aval que les había otorgado el ICF conforme a la legalidad vigente", sin que este aval "haya sido cuestionado, anulado o suspendido", y que por lo tanto sigue siendo de "plena vigencia legal".

Los tres puntos de las defensas del recurso

Las defensas del recurso se sostienen sobre tres puntos. Primero, que la delegada instructora en su resolución hace una interpretación distorsionada del decreto ley que regula la concesión de los avales, e interpreta que no cubre la responsabilidad contable, de manera incluso contraria a su literalidad. Segundo, que la decisión de no aceptar los avales se pretende inmune al control judicial, por el hecho de no haber podido alegar ni discutir la decisión sobre los avales antes de la resolución del pasado 14 de octubre de la magistrada (a pesar de haberlo pedido en reiterados escritos al tribunal estas últimas semanas). Por último, la defensa alega que se genera una absoluta indefensión a los imputados, ya que tampoco se podrá volver a discutir en ningún otro momento procesal posterior. Además, también se genera indefensión por el desconocimiento de las cuantías que se tienen que avalar, ya que la responsabilidad es solidaria.

Prejuicio

En opinión de los imputados republicanos, se vulnera claramente la presunción de inocencia en el momento que la magistrada instructora prejuzga la concurrencia de duelo, culpa o negligencia grave por parte de los imputados y no lo afirma de forma indiciaria. Es decir, que asume que los imputados actuaron con voluntad y mala fe, y además lo hace en un acto definitivo, utilizando este prejuicio para estimar que eso los excluye del ámbito de aplicación del decreto ley. Este hecho, afirma el recurso, contamina gravemente la objetividad y la imparcialidad que después tienen que juzgar los hechos.

Otros recursos contra el Tribunal de Cuentas

El de hoy no es el primer recurso presentado contra el Tribunal de Cuentas por el rechazo de los avales del ICF. El president en el exilio, Carles Puigdemont, también lo hizo el pasado miércoles. De la misma manera que los imputados republicanos, Puigdemont ha defendido que "toda la reflexión —por decir de alguna manera— recogida en la resolución falta de fundamento" y provoca una "indefensión gravísima" a los condenados. También el mismo Govern de la Generalitat recurrió el miércoles la decisión del tribunal, denunciando que la delegada instructora se "extralimitó" en el ejercicio de sus funciones.

 

Foto principal: Oriol Junqueras y Raül Romeva / ACN