La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, no ha querido valorar el auto del juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sobre el procesamiento del president en el exilio, Carles Puigdemont, por los delitos de desobediencia y malversación agravada. Sin embargo, en una comparecencia posterior a la reunión de la ejecutiva socialista y de los ministros del PSOE del Gobierno, Montero ha pedido al juez instructor que no se meta en política y limite su actividad a la Justicia. "Nosotros no entramos en los pronunciamientos judiciales y de la misma manera siempre pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la política para el desarrollo de su legislación", ha remachado la ministra de Hacienda, y ha añadido que "la Justicia lo que tiene que hacer es administrar la Justicia y los políticos, legislar conforme a su escala de valores".

Montero rechaza que la reforma penal suponga la "despenalización del procés"

Sin embargo, la ministra ha rechazado el planteamiento del juez instructor sobre el hecho de que la reforma del Código Penal haya propiciado un escenario próximo a la "despenalización" del procés. En este sentido, Montero ha asegurado que, al contrario de lo que afirma el Partido Popular, el president Puigdemont no volverá con "una alfombra roja", sino que, precisamente, la derogación de la sedición permitirá extraditarlo para que "responda ante la justicia por los gravísimos acontecimientos que sucedieron hace unos años". Llarena ha considerado en la resolución que ni el delito de "desórdenes públicos", ni la nueva versión "agravada" introducida con la reforma penal "encajan" con los hechos del 1-O, pero ahora la Fiscalía estudia si podrían acusar de "desórdenes públicos agravados" a Puigdemont.

Sea como sea, Montero ha defendido la reforma del delito de malversación y ha destacado que "endurece las figuras penales de corrupción" con la creación del nuevo tipo de enriquecimiento ilícito, que permite distinguir entre aquellos que "se enriquecen personalmente" y los que "no destinan los recursos públicos al fin inicialmente previsto". "Los dos tienen reproche penal, pero la intensidad de la pena no se puede hacer homologada", ha asegurado. A pesar de todo, al ser preguntada si la reforma no podría implicar la rebaja de penas condenas corrupción, como en el caso Púnica o Acuamed, la ministra no lo ha podido garantizar.

Por otra parte, la ministra de Hacienda ha asegurado que los reproches del president Puigdemont a la reforma del Código Penal "desautorizan" las acusaciones del PP de que regresará con impunidad. Además, fuentes del PSOE han afirmado a Europa Press que las críticas de Puigdemont a ERC por haber dado apoyo a la reforma penal son una nueva confirmación que "el procés se ha acabado".