"No volveré ni esposado ni rendido ante un juez español a fin de que sea indulgente. Lucharé por volver libre". Con estas palabras ha respondido el president en el exilio, Carles Puigdemont, al auto del juez Pablo Llarena sobre su procesamiento por desobediencia y malversación, una vez ha entrado en vigor la reforma del Código Penal que deroga la sedición. Puigdemont ha asegurado que luchará la batalla judicial europea hasta el final y que asume el riesgo que comporta que el resultado no sea el esperado porque, según argumenta, es mucho más alto el riesgo de aceptar la idea que la actuación del Govern el 2017 merece algún tipo de condena. "No avalaré con mi beneficio personal una política que pretende criminalizar el anhelo de los catalanes de vivir definitivamente en un país libre", ha remachado.
Durante la intervención que ha protagonizado desde su canal de YouTube a las nueve de la noche para valorar la decisión del juez instructor, Puigdemont no ha escondido las reticencias ante la reforma del Código Penal que pactaron PSOE y ERC. Frente a esta estrategia ha insistido en la apuesta por la batalla judicial en Europa. "Soy consciente del valor político que tiene mantenerla y también del daño que haría que la dejara correr por el hecho de que personalmente me conviniera más", ha asegurado. El president ha advertido que no se trata de aceptar condenas por delitos menores, sino de no permitir ninguna condena por decisiones políticas, y "eso no puede asegurar ni ningún pacto con el Gobierno ni ninguna connivencia con la justicia de aquel país".
"En España se hace política desde los tribunales y se cambian los actos judiciales a conveniencia solo para conseguir una finalidad política, que es perseguir y penalizar el procés de independencia," ha denunciado al iniciar la intervención, en la que ha asegurado que esta situación se ha mantenido inalterable en los últimos cinco años y no ha cambiado "a pesar de los funambulismos parlamentarios", en referencia implícita al acuerdo entre PSOE y ERC para reformar el Código Penal.
Poco afortunada reforma
Ante el nuevo auto ha reprochado que una justicia que lo ha perseguido por rebelión, después por sedición y que ahora lo quiere detener por malversación —aunque desestimó esta posibilidad en el 2018 cuando se la ofreció el tribunal de Schleswig-Holstein— no es una justicia previsible y no puede dar ninguna garantía de respeto de derechos fundamentales y, por lo tanto, "no es una justicia democrática".
El president ha lamentado que se equivocaba quien pretendía ver en los cambios legislativos una herramienta para revertir esta tendencia, y que la interpretación que hoy ha hecho el Supremo demuestra que la que describe como "poco afortunada reforma del delito de malversación" no resulta "nada positiva".
"No pido a las autoridades españolas ningún beneficio para mi situación personal. No creo que soluciones personales sirvan para resolver el conflicto de fondo", ha reiterado de nuevo, además de denunciar las vulneraciones del derecho político como representantes de los catalanes. "Nunca nos han guiado ni cálculos personales ni cálculos partidistas. Tampoco lo harán ahora", ha remachado.
El juez instructor ha hecho público hoy un nuevo auto en el que adapta el procedimiento contra los exiliados a los cambios del Código Penal que pactaron PSOE, Podemos y ERC. Llarena compensa la rebaja de las penas contra los políticos exiliados que tendría que comportar la derogación del delito de sedición, imputando a Puigdemont y a los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig del delito de malversación en la forma agravada, que implica hasta 8 años. Aunque la reforma de la malversación introducida en la reforma del Código Penal castiga con un máximo de 4 años la malversación que no implica lucro personal, el juez sostiene que no se les puede aplicar esta malversación atenuada.