La Fiscalía estudia presentar un recurso contra el auto del magistrado Pablo Llarena, que actualiza el procesamiento del president Carles Puigdemont y de los exconsellers exiliados, en el cual retira el delito de sedición porque se ha derogado y les mantiene los delitos de malversación de fondos y desobediencia, según han informado fuentes judiciales este viernes. La Fiscalía analiza si los hechos del 1-O encajan en el nuevo delito de desórdenes públicos agravados con el fin de no dejar esta actuación del Govern "despenalizada", como criticó el juez Llarena en su resolución del jueves, el mismo día que entraba en vigor la reforma del Código Penal. Habrá que ver si la Fiscalía también rebate la tesis del magistrado del Tribunal Supremo, que ha asegurado que en el gasto atribuido al Referéndum no se puede aplicar el nuevo delito de malversación atenuado, acordado por ERC y el Gobierno. Esto significa avalar una malversación agravada, que puede implicar hasta los 12 años de prisión (si la cantidad es superior a los 250.000 euros) como acusación para el president Puigdemont, ya que se le imputa todo el gasto del 1-O, cifrado en 1,2 millones de euros por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Sumar un nuevo delito implicaría, inicialmente, aumentar el posible castigo que se pida al president Puigdemont en caso de juzgarlo. El Tribunal Supremo condenó con penas de 9 a 13 años de prisión a los líderes independentistas.

El nuevo delito de desórdenes públicos agravado castiga con penas de 3 a 5 años de prisión y hasta 8 años de inhabilitación para los autores y autoridades que con una multitud u organización actúen para afectar gravemente el orden público. El juez Llarena, en su interlocutoria, descartaba que se pudiera aplicar este delito a Puigdemont al asegurar que el otoño del 2017 “la intención de los encausados fue de desbordar el orden constitucional y conseguir, directa o indirectamente, pero fuera de las vías legales, un nuevo orden territorial y político, hecho —precisa— que aleja su comportamiento de la transgresión de las ordinarias reglas de convivencia en grupo, que constituye el bien jurídico protegido en los delitos contra el orden público”.

La inhabilitación de Junqueras en juego

Paralelamente a la interlocutoria del juez instructor, el Tribunal Supremo tiene que revisar la sentencia a los independentistas catalanes, con la eliminación del delito de sedición. En la sala de lo penal, presidida por Manuel Marchena, también ha habido debate sobre si el delito de desórdenes agravados puede ser el sustituto del delito de sedición, según fuentes judiciales. También se tendrá que ver la interpretación que se hace del delito de malversación, aunque pocos dudan que los jueces del Supremo no compartan el mismo parecer que su colega en el tribunal, Pablo Llarena. Este hecho implicará que la rebaja que se esperaba para los presos políticos sea menor.

Sin embargo, esta revisión de la condena no puede implicar que vuelvan a tener un castigo de prisión, puesto que fueron indultados por el Gobierno en verano de 2021. Únicamente se les puede revisar el castigo de inhabilitación, que fue el mismo que los años de prisión, de 9 a 13 años. Inicialmente, se afirmaba que con la reforma del Código Penal, el líder de ERC, Oriol Junqueras, se podría presentar a unas elecciones pronto, ya que si se le aplicaba la nueva malversación atenuada, el máximo de inhabilitación es de 4 años. Pero si el Supremo hace la misma interpretación que Llarena sobre la malversación, al final, Junqueras podría mantener los 13 años actuales de inhabilitación o un par de años menos. Poco más. De los 9 presos políticos, los otros afectados por la malversación son Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.  Esquerra ya ha anunciado que pedirá al Supremo que revise la condena y aplique la ley, mientras que Junts descarta contestar al Supremo, como el expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart. El Supremo ha dado 8 días a las partes para que presenten su posicionamiento.