Una cosa es el acuerdo de presupuestos del Estado entre el Gobierno y ERC: cuotas para lenguas cooficiales como el catalán, el euskera o el gallego. Otra cosa es lo que ha llegado cuando, una semana después, el Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley audiovisual estatal: un nuevo jarro de agua fría de La Moncloa. Un proyecto legislativo que ya nace aguado. Para empezar, porque esta imposición de plurilingüismo ni siquiera afectará a todo el mundo. Menos aún las plataformas más importantes. Ahora los republicanos avisan de que simplemente era un "acuerdo de mínimos" y que habrá que "mejorar" la norma en su tramitación parlamentaria. Cabe recordar que, sin sus votos, no será aprobada en las Cortes.

ERC y La Moncloa habían pactado "la obligatoriedad de incluir una cuota para lenguas cooficiales del 6% del contenido ofrecido en las plataformas audiovisuales". Concretamente, el 30% del catálogo tiene que ser obra europea. De este 30%, la mitad tendrá que estar en lenguas del Estado, y de estas el 40% en catalán, euskera o gallego. Y así aparece en el proyecto de ley. Pero la norma tiene letra pequeña: estas cuotas sólo vinculan las plataformas "con sede en España", según fuentes del Gobierno. En cambio, no se podrá obligar a empresas a que no tienen la residencia en el Estado español. Por poner un ejemplo, Movistar, Atresmedia o Filmin estarían obligadas. De hecho, esta última ya cumple la ratio. En cambio, no afectaría a Netflix, Amazon Prime Video o HBO. Rige la norma europea del "país de origen", según estas mismas fuentes, que consideran que el proyecto de ley aprobado es respetuoso con el acuerdo con ERC.

En rueda de prensa después del Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera Nadia Calviño, responsable del proyecto, ha evitado los detalles. A pesar de todo, en términos generales, ha subrayado que con esta iniciativa han conseguido "un buen equilibrio entre el impulso de España como hub audiovisual, la emisión en lenguas cooficiales y la atracción de inversiones económicas". No ha cerrado la puerta del todo a posibles "mejoras y ajustes" durante su tramitación parlamentaria, pero ha defendido que el texto es "muy sólido" y que ya promociona el "pluralismo lingüístico" del Estado español.

¿Qué dice ERC?

En su momento, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ya advirtió que a pesar de todo era un "acuerdo de mínimos", y hoy ha insistido en ello después de conocer los detalles del proyecto de ley que aprueba La Moncloa. La principal preocupación es que las cuotas podrían afectar solo a aquellas plataformas que tienen sede en el Estado español, que es el caso de muy pocas, mientras que las que la tienen fuera podrían esquivar estas condiciones. También echan en falta lo que tiene que ver con el doblaje. "Es un acuerdo de mínimos, con cosas que evidentemente hay que mejorar", ha reiterado este martes en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

 

En este contexto, el dirigente republicano ha recordado que ahora, en la tramitación parlamentaria, se abrirá un periodo de enmiendas "para mejorar la ley", y que están en eso. "Creo que tenemos palancas y herramientas por mejorar la ley, e intentaremos hacerlo", ha defendido. No ha querido entrar en casos concretos, sino en términos generales: "Nosotros simplemente hemos dicho que nos parece que Netflix no tiene que legislar, sino que lo tiene que hacer el gobierno, pero nunca nos hemos referido a una multinacional en concreto".

La CUP reclama "mano dura"

También se ha referido a la cuestión la diputada de la CUP, Mireia Vehí, que ha reclamado "mano dura" al Gobierno para que las grandes plataformas internacionales acaben cumpliendo las cuotas de catalán, euskera y gallego. "¿Cómo puede ser que un Estado no sirva para que las grandes corporaciones cumplan las leyes o paguen los impuestos?", se ha preguntado la portavoz anticapitalista, que ha advertido que las multinacionales "no son nadie para decidir la política que se hace en un territorio concreto”.