El informe del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que valida la ley de amnistía y descarta que hubiera malversación el 1-O es una “victoria rotunda”, según el Gobierno. Así se ha expresado este jueves el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en declaraciones en los pasillos del Congreso de los Diputados. Paralelamente, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha reivindicado la “plena constitucionalidad” de una norma que “se ejecutará con normalidad”. La noticia se ha recibido en la Moncloa con la “máxima tranquilidad”, ha dicho.

 

Las conclusiones del abogado general no son vinculantes y ahora hay que esperar a que el tribunal europeo dicte su sentencia y que valide la norma del olvido penal, siguiendo la validación del Tribunal Constitucional. A pesar de todo, el ministro Bolaños ya se ha mostrado este jueves "muy satisfecho". "Ya dijimos con claridad que la ley es constitucional y el tiempo nos da la razón, porque hoy el abogado del TJUE ha dicho que la norma es conforme al derecho europeo, que no afecta a los intereses financieros de la UE y que también está ajustada la regulación del terrorismo con remisión al convenio europeo de los derechos humanos", ha manifestado el socialista en declaraciones a los periodistas en la cámara baja, que también ha celebrado que el abogado europeo haya "desmentido la falsedad de la autoamnistía".

El abogado general del TJUE avala la amnistía

El abogado general del TJUE, Dean Spielmann, ha avalado la ley de amnistía y ha manifestado que no se han afectado fondos de la Unión Europea con el referéndum del 1-O del 2017. Por lo tanto, la justicia de la UE descarta la malversación, delito por el que el Tribunal Supremo no quiere aplicar la amnistía al president en el exilio, Carles Puigdemont, y a su Govern. El abogado del TJUE manifiesta que la Directiva Europea no contiene ninguna disposición que prohíba expresamente el uso de mecanismos de extinción de la responsabilidad penal, como la amnistía.

En las conclusiones sobre la causa del gasto del 1-O que afecta a los gobiernos de Carles Puigdemont y Artur Mas, planteada por el Tribunal de Cuentas (TCu), el abogado general considera que "la protección de los intereses financieros de la Unión no se opone a la extinción de la responsabilidad prevista en la ley de amnistía por los actos determinantes de responsabilidad contable que afecten a los intereses financieros de la Unión, ya que no existe un vínculo directo entre estos actos y la reducción, actual o potencial, de los ingresos puestos a disposición del presupuesto de la Unión". La reclamación del TCu por el 1-O es de 5 millones de euros.

El abogado del TJUE pone pegas a dos cuestiones menores

La única pega que pone el abogado del TJUE a la ley de amnistía es que no se puede obligar a los tribunales a resolver si aplican la norma en un plazo de dos meses, y tampoco que archiven causas sin que ponderen los hechos. Dos cuestiones menores, ya alertadas con el dictamen de la Comisión de Venecia, que no invalida el espíritu de la ley, y enmendadas.