La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que no es "ninguna sorpresa" que el Tribunal Supremo (TS) investigue al expresident Carles Puigdemont por terrorismo y sostiene que eso no tiene que provocar "ninguna interferencia" en las negociaciones sobre la amnistía. En declaraciones a los periodistas antes de visitar el DFactory del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), Montero ha asegurado en relación con la decisión del Supremo y la ley de amnistía que "no provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal". La valoración de la vicepresidenta española llega después de que este jueves el TS decidiera imputar a Puigdemont y al diputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensberg por terrorismo como supuestos cerebros tras las protestas de Tsunami Democràtic, abriendo así un nuevo frente judicial al Procés justo en medio de la renegociación de la ley de amnistía entre el PSOE y Junts: la prórroga para cerrar el texto acabar la próxima semana, el próximo jueves 7, y las dos partes se han mostrado confiadas que finalmente haya acuerdo.

"Siempre hemos dicho que sabemos perfectamente qué es terrorismo y qué no lo es", ha insistido Montero desde Barcelona, a la vez que ha mostrado en cualquier caso su "respeto" al trabajo de la Justicia y de la Fiscalía —que, en este caso, al contrario del TS, ha manifestado que no corresponde investigar por terrorismo. De forma similar ya se pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde una rueda de prensa en Bruselas, donde afirmó que "todos los independentistas serían amnistiados porque no son terroristas". Sobre las negociaciones con Junts para la ley de amnistía, la vicepresidenta española ha reiterado que se trabaja con "discreción" para alcanzar un acuerdo. Una vez más, Montero ha asegurado que "la amnistía es imprescindible para pasar página" más allá de lo que pueda suceder con "particulares o tribunales". También ha afirmado que "la apuesta del gobierno de España por el reencuentro trasciende la legislatura", un argumento en defensa de la medida de gracia, el "reencuentro", que ya han esgrimido en numerosas ocasiones.

Illa: "Lo que pasó en el 2017 no puede recaer en el calificativo de terrorismo"

En un sentido similar se ha pronunciado también el primer secretario del PSC, Salvador Illa, que ha manifestado este viernes el deseo de que la decisión del TS de imputar a Puigdemont por terrorismo no sea un "obstáculo" para la aprobación de la ley de amnistía. En declaraciones a los periodistas antes de una sesión de trabajo organizada en Terrassa por la patronal Cecot con representantes del PSC, Illa ha expresado su respeto "a todas las resoluciones judiciales", pero ha considerado que lo que ha pasado durante el Procés independentista no se puede calificar de terrorismo.

"Lo que pasó en Catalunya en 2017 fue un gran error, lo hemos combatido nosotros políticamente, pero no creo que pueda recaer el calificativo de terrorismo sobre las actuaciones que vimos", ha valorado. El líder socialista catalán también ha pedido que la decisión del Supremo "no influya ni condicione" la ley de amnistía: "Me gustaría que eso no fuera ningún obstáculo para que podamos seguir tramitando y aprobando una ley para la normalización política, social e institucional de Catalunya, que es pertinente y positiva para la sociedad catalana y española".

La ministra Riego reitera: devolver el conflicto catalán "al terreno político"

Igual o más contundente ha sido la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, de la rama de Sumar del Ejecutivo estatal. Rego ha defendido en una entrevista esta mañana en La 2 que en las protestas convocadas por Tsunami Democràtic después de la sentencia del Procés "no hubo violencia", por lo que ha pedido devolver el caso "en el terreno político". Además, al ser preguntada por si las protestas que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castelló, se enmarcan dentro del derecho de manifestación, la ministra de Izquierda Unida ha concluido que "por descontado".