La maquinaria de las defensas de los presos políticos no para. Mientras se van filtrando sus declaraciones ante el juez del Supremo Pablo Llarena, continúan los esfuerzos por sacarlos de la prisión.
En un nuevo recurso, Joaquim Forn expone que la medida de prisión provisional "supone criminalizar el derecho a la libertad de pensamiento", según publica hoy La Vanguardia. También denuncia que se le está imponiendo una "pena anticipada por hechos todavía no enjuiciados" y que "presenta una perturbadora apariencia de sanción en sus ideas".
El escrito remarca que Forn ha renunciado al acta de diputado y que "no puede volver a favorecer la celebración de un referéndum ilegal" y que el juez no puede atribuirle "conductas levantiscas" de terceros. Explica que, por este motivo, "se ha apartado de esta línea al renunciar a su condición de diputado y al comprometerse a no ostentar ningún cargo en el futuro Gobierno".
El recurso cuestiona una de las pruebas de cargo a las que se coge el magistrado Pablo Llarena, el Enfocats, y remarca que en ningún punto del documento constan instrucciones para que los Mossos desobedecieran las órdenes judiciales y ayudaran a sacar adelante el referéndum.
En el escrito también se cuestiona la declaración de la semana pasada del coronel de la Guardia Civil Diego López de los Cobos, coordinador de los cuerpos policiales ante el referéndum. Forn cree que al afirmar que los Mossos facilitaron el 1-O, el coronel proporcionó una versión "subjetiva" de lo que ha pasado que no se corresponde con los hechos.