La Fiscalía del Tribunal de Cuentas acusa a Carles Puigdemont de desviar más de 8 millones de euros de las arcas públicas para afrontar el coste del referéndum del 1 de octubre, según ha avanzado El País y han confirmado fuentes del Ministerio Público.
Esta cantidad sería superior a la atribuida por el juez Pablo Llarena al delito de malversación, que era de 2,1 millones de euros.
Hacienda denunció a Puigdemont y a su gobierno reclamando que pagaran de su bolsillo los gastos que sufrió la Generalitat para el referéndum. Se trata de un procedimiento similar al que recientemente ha vivido Artur Mas y parte de su gobierno condenados por el Tribunal de Cuentas a pagar los 5 millones que costó la consulta del 9-N.
El fiscal jefe, Miguel Ángel Torres, considera, incluso, que el desvío de dinero podría superar los 8 millones, a pesar de que recalca que todavía se están investigando más partidas. La mayoría de dinero, asegura el diario, se invirtió en publicidad. De hecho, según la demanda, se habrían gastado hasta 7,5 millones sólo en esta partida.