Este martes, la Fiscalía recurrirá el tercer grado de los presos políticos independentistas. Según adelanta el diario El Mundo, presentará el recurso a los jueces de vigilancia penitenciaria catalanes sobre la decisión de la Generalitat porque considera que "la progresión en grado que se otorgó apenas 40 días después de que el Tribunal Supremo revocara la controvertida semilibertad, la convierte en un fraude de ley".
También argumentan que no ven ningún tipo de evolución de los líderes independentistas que justifique su no encarcelamiento porque siguen sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento por los "delitos cometidos" y siguen asegurando que ejercieron sus derechos democráticos. Esta es la idea que escuece más al tribunal presidido por el magistrado Manuel Marchena: ni con la prisión han matizado sus palabras.
Precisamente, en una entrevista a Els Matins, el líder de ERC, Oriol Junqueras, no ha hablado explícitamente de este tercer grado, pero ha constatado que es "enormemente feliz" y está muy contento de poder atender a los medios de comunicación al día siguiente de la jornada electoral, sin una prisión por medio. Si los nuevos recursos prosperan, ingresarán inmediatamente en bloque en Lledoners, Wad-Ras y Puig de les Basses Junqueras, pero también Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
Quieren que les resten días de permiso
Si la solicitud prospera también quiere remar en la dirección que no se vuelvan a producir situaciones diversas y siempre haya una firme decisión sobre el encarcelamiento de todos ellos. Anteriormente, hay que recordar que el juzgado número 5 de Barcelona suspendió el tercer grado para Junqueras, Rull, Turull, Romeva, Forn, Sànchez y Cuixart y, en paralelo, el juzgado número 1 mantuvo la semilibertad a Forcadell y Bassa, ya que desestimó la petición de los fiscales. La solicitud del órgano liderado por Marchena también rema hacia un segundo objetivo: que se descuenten de sus permisos los 36 días que han estado libres por esta campaña.
El diario matiza que este segundo paso se efectuará cuando les tumben el tercer grado y consideran que han disfrutado de una libertad "fraudulenta". Otra vía que se estudia es aplicar el artículo 36.2 del Código Penal para blindar que se repita lo que consideran una anomalía y que sea el mismo tribunal el que deje sin efecto cualquier concesión que pudiera sacar adelante la Generalitat de Catalunya.
Eso es lo que dice exactamente: "Otorga al tribunal sentenciador la facultad de efectuar un pronóstico de peligrosidad que preserve los bienes jurídicos que fueron violentados con el delito. Y sólo desde esta perspectiva tiene que ser respuesta la petición del fiscal. Los acusados han sido castigados, además de a las penas privativas de libertad asociadas a los tipos por los cuales se formula condena, a penas de inhabilitación absoluta que excluyen el sufragio pasivo y la capacidad para asumir responsabilidades como aquellas que estaban siendo ejercidas en el momento de delinquir".
El equipo del Servicio de Clasificación de la Secretaría de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima resolvió el pasado 28 de enero, en tercer grado las clasificaciones de los miembros del Govern, igual que en el caso de los líderes de las entidades soberanistas Òmnium y ANC en el momento del referéndum del 1 de octubre. De esta manera, el Servicio de Clasificación, dependiente de la conselleria de Justicia, en manos de la consellera Ester Capella (ERC), ratificó la propuesta formulada el 14 de enero por las juntas de tratamiento de los centros penitenciarios.