La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha ordenado a la Fiscalía Superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, que presente la querella contra la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, por los delitos de desobediencia y prevaricación.

El Ministerio Público quiere llevar a Forcadell a los tribunales por las resoluciones del Parlament instando al Govern a organizar el referéndum y la hoja de ruta de ruptura aprobados el pasado julio. El Tribunal Constitucional anuló la votación y requirió al Parlament que no se hicieran las acciones pertinentes para sacar la ruptura adelante. El TC le pidió a la Fiscalía una comunicación sobre la presunta desobediencia de la presidenta del Parlament. El alto tribunal traspasaba, así, la decisión a la Fiscalía General del Estado para que decidiera si Forcadell cometió un delito al permitir la votación.

Hoy la Fiscalía dijo que sí hay delito y ha ordenado la investigación a la Fiscalía Superior de Catalunya, al igual que ocurrió con el caso 9-N cuando se presentó la querella contra Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau.

Los fiscales catalanes deberán hacer el texto que defienda los delitos y presentarlo al Tribunal Superior de Justicia.

Querella a bombo y platillo

Hace una semana la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, anunciaba que asumía la máxima responsabilidad en la redacción del texto y las decisiones pertinentes de la querella criminal contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Y avanzaba que se estaban estudiando los delitos de desobediencia y prevaricación.

Ya a principios de septiembre, Madrigal alertó durante la apertura del curso judicial del "menosprecio" de los independentistas en la Constitución por no acatar las sentencias del TC. Justamente por ello pidió "mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal como hecho el TC en la sentencia del 2 de diciembre del 2015" –la sentencia que anulaba la resolución independentista aprobada por el Parlament el 9-N del 2015–.

En este sentido, la fiscal general del Estado avisó que "ni la ley ni la Constitución son inmutables" y soltó que por ello la construcción del Estado de Derecho "nunca puede producirse al margen de la ley y los procedimientos legales establecidos".