El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado este jueves que el ministerio público huirá de "automatismos" a la hora de revisar las condenas a raíz de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí' para llevar a cabo esta tarea jurídica con "vocación de amparo a las víctimas". La garantía del fiscal general llega en medio de la avalancha de críticas y reproches entre los impulsores de la ley, como la propia ministra de Igualdad, Irene Montero, que ha culpado a los jueces, mientras que el Consejo General del Poder Judicial, además de las principales asociaciones de magistrados y fiscales del Estado, han pedido su dimisión.
El fiscal general garantiza la protección de las víctimas
En medio del ruido y las acusaciones que la justicia actúa segundos sus sesgos machistas, el fiscal general del Estado ha querido rebajar las tensiones y poner de manifiesto que, "de la misma manera que se ha hecho en otras ocasiones, la Fiscalía, huyendo de automatismos, hará esta tarea jurídica en todas y cada una de las ejecutorias en las cuales se plantee, con una clara prioridad y vocación de amparo a las víctimas y pleno respeto a los principios constitucionales", ha dicho durante el VIII Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género organizado por el Consejo General del Poder Judicial que se celebra este jueves en el Senado. Asimismo, García Ortiz también ha querido insistir en el "cambio de paradigma" que ha supuesto la entrada en vigor de la ley, porque que sitúa el "consentimiento afirmativo" como principal "eje" del delito, al mismo tiempo que incorpora más de una cincuentena medidas preventivas y de protección. En este sentido, ha sacado leña al fuego en cuanto a las revisiones de las condenas y ha explicado que es un hecho habitual: "En el marco de la aplicación ha habido una modificación de los tipos penales y eso comporta, como cualquier otra reforma, una revisión de algunas de las condenas existentes".
Las asociaciones de jueces piden la dimisión de Montero
La asociación mayoritaria y conservadora de los jueces españoles, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha pedido este jueves la dimisión de la ministra de Igualdad, Irene Montero, por las "descalificaciones" al poder judicial ante el goteo de revisiones de condenas de agresores sexuales a raíz de la aplicación de la ley del 'solo sí es sí', que rebaja las penas mínimas. En un comunicado, la asociación de magistrados ha rechazado las palabras de la ministra, que dijo que el problema no era su ley, sino la interpretación "machista" de los jueces, y soltó una batalla política. Más tarde, el minoritario Foro Judicial Independiente también se ha añadido a las peticiones de dimisión "para cerrar este lamentable espectáculo con una mínima dignidad".