Batalla política por la ley del solo sí es sí mientras continúan las rebajas de condenas. Sin ir más lejos, este miércoles hemos visto cómo el Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha rebajado la pena impuesta a un condenado por tentativa de agresión sexual o como la Audiencia Provincial de Balears ha ordenado excarcelar a dos presos. Pero también es verdad que la Audiencia de La Rioja ha revisado 54 sentencias y no ha modificado ninguna. Sea como sea, el baile de bastones empezó este martes con las primeras diferencias dentro del Gobierno respecto de una norma que presenta un avance como es introducir de forma tan clara el consentimiento como pieza clave.
A raíz del alud de críticas por los fallos judiciales, desde el Ministerio de Igualdad han acusado a los jueces de no estar aplicando la ley del solo sí es sí cuando rebajan penas. La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victòria Rosell, han argumentado principalmente que la jurisprudencia establece que no se pueden revisar penas a la baja si no se han tocado las penas máximas y las condenas todavía encajan en la horquilla del delito. Una tesis a la cual se ha sumado la consellera de Igualtat i Feminismes, Tània Verge, que ha lamentado las "interpretaciones sesgadas y sin perspectiva de género" de los jueces y a la cual ha constatado que falta "mucha formación en los operadores jurídicos sobre cómo aplicar las leyes de igualdad".
ERC, Junts y PNV, contra los jueces
En el Congreso de los Diputados, los diputados de ERC, Junts y PNV se han unido a las críticas de Igualdad sobre la interpretación que hacen algunos jueces con la ley del solo sí es sí. "Sabemos que todas las interpretaciones en sede judicial, en general con honrosas excepciones, suelen ser contra la víctima cuando se trata de violencia de género", ha denunciado a la republicana Pilar Vallugera. Por parte de Junts, Josep Pagés ha recriminado que las revisiones se producen "basándose en una determinada interpretación de la ley" y que "nada se puede dejar a la discrecionalidad" de los jueces.
A quien no han gustado las críticas de Igualdad es a la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, que ha rechazado las "descalificaciones" a los jueces "con carácter general". Sin embargo, se ha mostrado cauta a la hora de opinar sobre la ley: "Sería un poco prematuro que hiciera una consideración porque no he podido ver las resoluciones. No puedo decir si es una interpretación puntual o una distorsión de la ley". Y después de abrir la puerta a cambiar la norma, la ministra de Hacienda, la también socialista María Jesus Montero, ha vuelto a hablar este miércoles para decir que el ejecutivo estatal buscará de que la ley endurezca las penas y no las rebaje. Más contundente se ha mostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha defendido la ley del solo sí es sí y ha pedido a los tribunales que unifiquen doctrina. Además, ha recordado que la norma busca reforzar la seguridad de las mujeres. En este sentido, la Fiscalía General del Estado está analizando las revisiones de condena para ver si es necesario unificar criterios por la ley.
Las críticas del CGPJ a Igualdad
Por otra parte, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha expresado su "más firme rechazo" a los "intolerables ataques" tirados contra los jueces y ha defendido que los magistrados únicamente están aplicando la norma. El órgano de gobierno de los jueces ha señalado que la Constitución y el Código Penal recogen la aplicación de la norma más favorable, además que la última ley establece "el efecto retroactivo" de aquellas leyes penales que favorecen al condenado. Por lo tanto, las resoluciones que se han conocido en los últimos días son el resultado de "la aplicación estricta de estos preceptos por parte de los miembros del poder judicial, sometidos únicamente al imperio de la ley." Mientras se discutía la ley del solo sí es sí, el CGPJ se mostró muy crítico con ella.
Desde el PP, Alberto Núñez Feijóo se ha limitado a utilizar un eslogan vacío de contenido: "No es un Gobierno de la gente, sino contra la gente". Además, Javier Maroto ha metido dentro del mismo saco a violadores e independentistas. Pero lo más importante es que los conservadores forzarán una votación en el Senado para exigir al ejecutivo estatal la revisión de la ley. La moción presentada obligará a que la próxima semana se posicionen todos los grupos sobre si piensan que se tendría que revisar o no la norma aprobada en septiembre, sin que Unidas Podemos pueda votar porque no tiene representación.