El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha acordado investigar los crímenes cometidos en la Franja de Gaza en el marco de la operación militar lanzada por Israel hace casi dos años, apuntando ya a genocidio y otros delitos de lesa humanidad, al mismo tiempo que ha ordenado crear para eso un equipo conjunto, que estará integrado por la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, y por el jefe de la Fiscalía en la Audiencia Nacional, Jesús Alonso.
Según un decreto al cual ha tenido acceso Europa Press, el fiscal general García Ortiz ha concedido a Delgado la autorización que solicitó el 28 de julio para participar como "coinvestigadora" junto con el fiscal Alonso en la investigación sobre posibles crímenes cometidos en Gaza. Esta solicitud surgió después de que Delgado recibiera un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que detallaba acciones del ejército israelí contra la población civil en la Franja de Gaza, que podrían contradecir el Derecho Internacional, dentro del marco de la denominada "Operación ELIAT".
Graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario
El decreto especifica que Delgado analizó con detalle la información del informe, incluyendo testigos protegidos y otros elementos probatorios relevantes sobre las circunstancias y acciones en el terreno. García Ortiz señala que los hechos descritos podrían constituir graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario, tipificados como crímenes de genocidio y de lesa humanidad según los artículos 607 y siguientes del Código Penal. En consecuencia, el fiscal general ha ordenado que el informe se traslade a Alonso para iniciar las diligencias previas, las cuales serán comunicadas a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) y a las fuerzas policiales implicadas.
Además, García Ortiz dispone la creación de un equipo conjunto de investigación formado por Alonso y Delgado, que trabajarán de manera colegiada con la participación del fiscal coordinador de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez-Villarejo, en todas las actuaciones dentro de este ámbito. Según fuentes jurídicas, el objetivo principal es cooperar con el TPI, recogiendo pruebas que después se pondrán a disposición del tribunal competente, tal como se hizo en el caso de la guerra en Ucrania.
Unos hechos graves que permiten iniciar este procedimiento
El fiscal general recuerda que existen fundamentos legales sólidos para este procedimiento, dada la gravedad y trascendencia de los hechos, así como el número de víctimas. Subraya que el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial otorga competencia a los tribunales españoles para investigar delitos que requieran persecución obligatoria segundos tratados internacionales vigentes, incluyendo genocidio y delitos de lesa humanidad, aunque hayan ocurrido fuera de España, siempre que impliquen ciudadanos españoles o residentes en el país.
García Ortiz también recuerda la implicación de España en los procesos de la CIJ y el TPI sobre posibles crímenes internacionales cometidos por Israel a Gaza, así como el apoyo a las medidas cautelares de la CIJ en el caso impulsado por Sudáfrica. Menciona el reciente informe de Naciones Unidas que califica los hechos en Gaza como genocidio e insta a Israel a detenerlo, animando a los miembros de la ONU a cooperar con la investigación del TPI.
Asimismo, el fiscal general hace referencia a la Constitución española, que reconoce que los tratados internacionales tienen rango de ley interna y que los derechos fundamentales se tienen que interpretar según la Declaración Universal de Derechos Humanos y los acuerdos internacionales ratificados por España. En este contexto, subraya que el país tiene la obligación de colaborar con las autoridades competentes para investigar estos hechos, recogiendo pruebas que puedan ser utilizadas posteriormente, garantizando tanto la cooperación internacional como la preservación de la evidencia.
Finalmente, García Ortiz considera que la creación de este equipo especializado permitirá combinar las capacidades operativas de la Fiscalía de la Audiencia Nacional con la pericia en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Humanitario de la unidad que dirige Delgado, asegurando así una tramitación eficiente y rigurosa de las diligencias de investigación iniciadas por estos hechos.