El exilio catalán sigue ampliando frentes y a cada nuevo paso aumenta la presión sobre el Estado español. En sólo una semana, el exilio de los políticos catalanes ha cogido una dimensión inesperada. Después de que domingo pasado la consellera Clara Ponsatí hiciera público que había abandonado Bélgica para reincorporarse a la Universidad de Saint Andrews, en el Reino Unido; el martes el presidente Carles Puigdemont ampliaba los frentes y anunciaba un nuevo viaje: Suiza.

De hecho, este mismo sábado Puigdemont ya se desplazó a la ciudad de Ginebra, donde los próximos cuatro días se celebrarán varios actos sobre la regresión de los Derechos Humanos en España. El presidente tiene programados al menos dos actos, uno este mismo domingo y otro miércoles, donde hablará sobre el caso catalán y el derecho a la autodeterminación. Puigdemont, sin embargo, no será el único. A las jornadas, que contarán con la presencia de expertos así como también de políticos y familiares de los presos, también estará presente la consellera Meritxell Serret.

Así pues, Puigdemont y Serret dejan Bruselas durante unos días y trasladan el caso catalán a Suiza, país en lo que también hay refugiada de la justicia española la cupaire Anna Gabriel.

De esta manera, ya son cuatro los países donde se ha extendido el exilio catalán: Bélgica, Suiza y el Reino Unido, además de Dinamarca, aunque sólo fuera por un viaje de dos días que Puigdemont hizo durante el mes de enero, y que provocó un nuevo intento frustrado de la justicia española de detenerlo. A estos países, por otra parte, hay que sumar los movimientos que han hecho algunos consellers y que no han sido tan públicos y notorios, como los dos viajes de Lluís Puig a los Países Bajos y a Luxemburgo.

Todos estos movimientos inquietan al Estado español, desde la fiscalía y el Tribunal Supremo hasta el mismo gobierno del PP, que querría detenerlos y hacerles declarar ante el juez, lo que supondría un previsible ingreso en la prisión. El juez Pablo Llarena, sin embargo, no quiere quedar en evidencia en el terreno internacional y no se quiere verse obligado, otra vez, a retirar una euroorden, cómo ya pasó el pasado mes de diciembre.

Puigdemont Copenhague Dinamarca EFE

EFE

La detención de los exiliados, tres intentos fallidos

El 30 de octubre, después de unas horas de incertidumbre al no saber dónde estaba Carles Puigdemont después de la aplicación del 155, se daba a conocer que el presidente había viajado a Bélgica con algunos de los consellers. El día siguiente la Audiencia Nacional, quien entonces llevaba el caso, los citaba a declarar para aquel mismo jueves y les imputaba, entre otros, los delitos de rebelión y sedición. Algunos de los miembros del Govern decidieron volver y presentarse ante el juez -que después de declarar les envió a prisión-, mientras que los otros decidieron mantener el pulso desde Bruselas y seguir internacionalizando el proceso.

Así pues, cinco miembros del Govern catalán, con el presidente Puigdemont al frente, no comparecieron ante la Audiencia. La jueza Carmen Lamela decidió emitir una euroorden de extradición, pero después de dos comparecencias de Puigdemont y los consellers ante el juez belga y de más de un mes de espera, España acabó retirando el orden.

Los delitos de rebelión y sedición no están tipificados dentro de la lista de 32 delitos por los que los países de la Unión Europea extraditan de forma automática y, por lo tanto, era un juez belga quien -estudiando la equivalencia de los delitos dentro de su Codi Penal- tenía que decidir si enviaba Puigdemont y los consellers de vuelta hacia el Estado español o no. Finalmente, sin embargo, no hizo falta. El juez del Supremo Pablo Llarena, cuando asumió el caso, decidió retirar la petición.

Las posibilidades que Bélgica denegara la petición, o que la aprobara por delitos menores –y no por rebelión y sedición–, obligó a hacer marcha atrás a la justicia española, ya que una extradición limitada a algunos delitos como desobediencia o malversación hubiera provocado que no se les hubiera podido juzgar por los delitos más graves y que implican largas penas de prisión. Una opción que no gustaba a Llarena.

Si estos hechos tenían lugar en diciembre, en enero Puigdemont volvió a desafiar la justicia española viajando a la capital de Dinamarca, Copenhaguen. El movimiento irritó la fiscalía, que pidió una nueva euroorden de detención. Llarena, sin embargo, desestimó la petición y no la cursó. La diversidad de códigos penales de los países europeos y la valoración que pueda hacer cada juez, que puede ser bastante diferente, complica que se pueda llegar a producir la detención y el traslado a España.

Este es el mismo argumento por el que Llarena tampoco cursó una orden de detención internacional cuando la exdiputada de la CUP Anna Gabriel decidió plantar la declaración y dio a conocer que se había trasladado a Suiza. En el caso de Clara Ponsatí, que justo hace una semana anunció que volvía a Escocia a trabajar en la universidad, la fiscalía desestimó pedir nada.

Nervios por el viaje a Suiza

El viaje de Puigdemont a Suiza ha vuelto a poner contra las cuerdas en el Estado español. Por este motivo, al saberse que el presidente y la consellera Meritxell Serret viajarían a Ginebra –con visita a la ONU incluida– la fiscalía decidió mover ficha y anunció que pediría a la Interpol que se estudie si se les puede detener, a ellos dos además de la cupaire Anna Gabriel, y si se puede pedir la extradición. También aseguró que presentaría un escrito ante el Supremo para pedir que se limite el pasaporte de los exiliados fuera del espacio Schenguen. De momento, sin embargo, parece que esta intención de la fiscalía sólo ha quedado en un comunicado. Cuando menos, de momento.

El país helvético tiene un status muy especial. Forma parte del espacio Schenguen, por lo que no hay fronteras entre los países, pero no forma parte de la Unión Europea, por lo que no sirven los convenios europeos de extradiciones ni las euroórdenes y, por lo tanto, la extradición es más complicada. Además, Suiza es un país sobradamente reconocido por el buen funcionamiento de su democracia y por su sensibilidad con los derechos humanos, y el gobierno del país ya ha rechazado una extraditación política.

El gobierno suizo ya dejó claro cuando llegó Anna Gabriel que no extraditaban por motivaciones políticas, y este viernes lo volvió a hacer en el caso de Puigdemont. "Cualquier extradición por delitos políticos está excluida. La situación no ha cambiado y, por lo tanto, no hay ninguna base legal para una detención en Suiza", defendió el portavoz de la Oficina Federal de Justicia de Suiza, Folco Galli, este mismo jueves.

¿Volverá la euroorden?

Estos intentos frustrados, sin embargo, no quieren decir que la justicia española haya renunciado a pedir la detención de Puigdemont. El juez Pablo Llarena presumiblemente reactivará la euroorden de detención contra Puigdemont y el resto de exiliados cuando se dicte el auto de procesamiento. Una vez acabe la fase de instrucción, que Llarena ha alargado un año declarando la causa compleja aunque podría no agotar el plazo, el juez dictará el auto de procesamiento, donde se darán a conocer los delitos del que finalmente son acusados. Este hecho ofrecerá a las autoridades de los países donde residan en aquel momento los políticos catalanes las pruebas de los delitos de los que se les acusa, lo que garantizaría más posibilidades de qué finalmente fueran extraditados.

Ahora bien, una vez acaba la instrucción del caso, podría ser que finalmente Llarena no acabara acusándolos de los delitos más graves –rebelión y sedición– y sólo lo hiciera por desobediencia y malversación. En este caso las extradiciones serían más fáciles. Por el contrario, los delitos de rebelión y sedición están tipificados de maneras muy diferentes en los Códigos Penales de los diferentes países y, además, generalmente implican violencia, hecho que dificulta que el juez que tiene que valorar los casos antes de extraditarlos pueda encontrar un delito equivalente en su país imputable a Puigdemont para permitir su retorno a España.

En el caso de Bélgica, donde actualmente viven Puigdemont y el grueso de los consellers exiliados, los delitos de sedición y rebelión implican violencia contra los agentes de la autoridad y las penas son mucho más bajas que en España. Mientras que en España estos delitos están tipificados con 15 y 30 años de prisión, en Bélgica la penas van en función de si se han utilizado armas o no, y si la violencia es individual o colectiva. El castigo más duro correspondería a un caso en que se hayan utilizado armas y sean diversos los rebeldes, con una pena de entre 5 y 10 años de prisión. En otros casos podría ser de sólo unos meses.

Por lo tanto, habrá que esperar a ver qué delitos se acaba acusando a la cúpula política independentista, para saber si serán extraditados. De momento, sin embargo, los exiliados catalanes podrán seguir disfrutando de su libertad de movimientos fuera del Estado español.