Ha llegado más tarde el previsto, pero finalmente es una realidad al menos para el Consejo de Ministros. En su reunión de este martes, el Gobierno ha dado luz verde a la nueva ley de memoria democrática, bajo la batuta de la vicepresidenta primera Carmen Calvo. Ha sido ella quien ha comparecido desde La Moncloa para explicar los detalles. Entre otras cosas, la nueva norma ilegalizará fundaciones como la Francisco Franco, por hacer apología de la dictadura, o declarará nulos juicios y sentencias como los que llevaron Lluis Companys a la muerte. Por primera vez también incluirá un régimen sancionador. Ahora tan sólo inicia su trámite parlamentario. La previsión es que se apruebe definitivamente durante el primer semestre de 2021.

En rueda de prensa desde La Moncloa, Carmen Calvo ha señalado que la ley tiene dos objetivos fundamentales. El primero, "la defensa y la necesidad de conocimiento de nuestro pasado democrático". El segundo, "el reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia para las víctimas", de los que "lucharon contra el fascismo y perdieron la vida de muchas formas", desde el exilio hasta la prisión. "La democracia no puede olvidar", ha sostenido la vicepresidenta primera del Gobierno. Por eso, entre otras cosas, también entrará en el currículum académico a partir de la ESO. La ley se centra en la guerra civil y dictadura, pero contempla los dos últimos siglos de historia democrática de España.

Plan estatal de fosas

Uno de los planes más ambiciosos del Gobierno en este anteproyecto es el de la exhumación de las fosas comunes, para la cual elaborará un mapa de fosas y un listado de víctimas. Acto seguido, el Gobierno creará un banco de ADN para las víctimas del franquismo que permita la identificación. El Estado se hará cargo de todos los costes económicos y de seguridad de las exhumaciones. A la administración pública le corresponderá el liderazgo. Todo irá acompañado de "coordinación y recursos públicos".

Nueva fiscalía en el Tribunal Supremo

El ejecutivo también creará una fiscalía de sala al Tribunal Supremo que se encargue de investigar posibles delitos en el ámbito regulado por la ley de memoria democrática y proteger los derechos de las víctimas de la dictadura y la represión franquista. Así, se abre una puerta distinta a la de la justicia argentina.

El juicio de Companys, nulo de pleno derecho

Por otra parte, como se había adelantado, la nueva ley declarará "nulos de pleno derecho" los juicios y sentencias que llevaron a la muerte a personas "al margen de la legalidad de cualquier estado de derecho" y sin garantías procesales. Es el caso del fusilamiento del president Lluís Companys. La vicepresidenta española ha insistido, ante la petición de disculpas del president Quim Torra, en que esta es "la forma más contundente e inapelable de poner las cosas en su sitio".

Resignificación del Valle de los Caídos

Según ha anunciado Carmen Calvo, el ejecutivo también resignificará el Valle de los Caídos, después de haber procedido a la exhumación del dictador hace ahora un año. Ahora, este lugar "quedará como un cementerio civil donde las víctimas de los dos bandos tengan paz y respeto", ha asegurado la vicepresidenta española. Dependerá de Patrimonio Nacional. "El gobierno siente que ha cumplido con un compromiso importante, que fue prometida tanto electoral como también del debate de investidura de Pedro Sánchez", ha defendido en este sentido. En este sentido, será expulsada la comunidad benedictina presente en el Valle de los Caídos. También, los familiares que quieran podrán recuperar los restos de víctimas. Aún no se ha concretado el alcance de esta resignificación.

Por otra parte, Carmen Calvo ha prometido una "mirada de género". Así, el actual "Panteón de Hombres Ilustres", ubicado en Madrid, pasará a llamarse "Panteón de España". La vicepresidenta ha lamentado ahora a las mujeres están "desaparecidas". Allí se enterrarán personalidades ilustres.

Ilegalización de asociaciones

Uno de los puntos claves de la nueva norma es la prohibición de asociaciones y fundaciones públicas o que reciba dinero público y hagan apología del franquismo o figuras dictatoriales o inciten al odio contra las víctimas. Esta medida requerirá una modificación posterior de la ley que regula el derecho de asociación y también de la ley de fundaciones. En caso de incumplimiento, el Ministerio de Cultura deberá instar judicialmente a su extinción. Previsiblemente llevará a la ilegalización de entidades como la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF).

Retirada de honores

La nueva ley de memoria democrática también responderá una demanda prolongada en el tiempo: la retirada de los honores en servidores del franquismo, como es el caso del torturador franquista Antonio González Pacheco, Billy el Niño, fallecido el pasado mes de mayo. En estos momentos, la legislación vigente no permite la retirada de estos honores, tampoco de forma póstuma.

Dos fechas simbólicas

La norma también establecerá nuevas dos fechas simbólicas en el calendario. En primer lugar, el día 31 de octubre, que reconocerá "a las víctimas del golpe de estado, la dictadura, la represión y exilio". Es el día que el Congreso y el Senado votaron, ahora hace 42 años, la actual Constitución Española. En segundo lugar, el 8 de mayo, que en la línea de otros países del entorno "recordará en el contexto europeo a los antifascistas españoles".

Régimen sancionador

Carmen Calvo ha deseado que espera que la nueva norma sea aprobada por unanimidad de las Cortes españolas. A diferencia de la anterior ley de memoria histórica de Zapatero, la nueva ley de memoria democrática tendrá un régimen sancionador. La norma prevé sanciones de hasta 150.000 euros. "Todos estamos obligados a cumplirla", ha subrayado la dirigente socialista, que ha reclamado la "cooperación" de todas las administraciones. "La democracia española no se podía permitir estar un día más sin esta ley", ha defendido Calvo. "Si la de 2007 ya llegó tarde, imagine la de 2020", ha concluido.

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