El exconseller de Salud Boi Ruiz ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional que investiga supuestas irregularidades en la licitación, adjudicación y contratación del concurso público de 2015 para la gestión de los servicios de transportes de ambulancias en toda Catalunya, que obtuvo la UTE (Unión Temporal de Empresas), Egara. Ruiz, conseller con el gobierno de Artur Mas del 2010 en el 2016, ha sido citado a declarar por el magistrado Santiago Pedraz el próximo 24 de junio. En la providencia, a la cual ha tenido acceso ElNacional.cat, el juez también ha imputado a otros tres carrecs del Departamento de Salud: Josep Maria Padrosa, exdirector del Servei Català de Salut (CatSalut), también citado el 24 de junio; Francesc Brosa Llinares, exdirector del servicio de calidad de CatSalut, y Josep Antoni Teixidó, funcionario de Salut. Además, el magistrado ha citado a declarar seis personas en calidad de testigos, el 1 y 2 de julio. El concurso del servicio de ambulancias en Catalunya fue convocado el verano del 2015, con una partida de 2.556 millones de euros en diez años.
La investigación del caso Ambulancias Egara se inició el año 2023, a raíz de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, derivada del caso 3% de supuesta financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya, partido disuelto, y a su sucesor, el PDCAt. Entonces, el juez citó a declarar al exdirigente de CDC, David Madí, y a siete empresarios, que habrían participado en el concurso. El fiscal anticorrupción José Grinda sostiene que Madí habría usado sus contactos políticos para favorecer esta contratación a cambio de comisiones al partido, irregularidad, negada por Madí y el resto de empresarios investigados.
Informes de la Sindicatura de Comptes
En la providencia, datada el 12 de mayo, el magistrado también ordena que se requiera en la Sindicatura de Comptes que aporte los informes que hizo en relación con este concurso investigado. Y también el informe de la policía judicial, del 15 de abril de 2024, titulado Informe sobre el análisis de contratación TS/14, y los órganos de gobierno de CatSalut y del SEM, y que se identifique a sus autores.
En la causa, también son investigados Oscar Simón García, copropietario de Egara; Juan Alberto Arqués Fondevila, de la sociedad Benito Arnó; Fermí Ferrán Calzada, director general de Egara, y Alejandro García-Gascón Portela, directivo de Egara.
La novedad de aquella adjudicación bajo sospecha es que fue para dar servicio a todo Catalunya, cuando hasta entonces era dividido por zonas territoriales. Empresas que hasta entonces tenían servicios denunciaron irregularidades en el procedimiento administrativo.