El Tribunal Supremo le ha dado diez días a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, para presentarse ante el tribunal y, si no lo hace, adjudicará al Estado los 60.000 euros de fianza que se le impusieron en febrero para que evitara ingresar en prisión.
El magistrado Pablo Llarena, que investiga el caso 1-O en el Supremo, citó el pasado 23 de marzo a varios líderes independentistas, entre ellos Marta Rovira, a quienes procesó y acabaría enviando a prisión preventiva aquel mismo día. Rovira no se presentó y se fue al exilio. Ante esta circunstancia, la letrada de la Administración de Justicia en el Supremo ha dirigido un escrito a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que avaló la fianza.
En él le reclama que presente a Rovira antes de diez días hábiles y le informa de que, en caso contrario, el Estado se quedará con el dinero. Mientras, las fianzas depositadas por los otros imputados, los que entraron en prisión el pasado día 23, han sido devueltas a sus fiadores.
En el escrito dirigido al avalador de Rovira, el tesorero de la ANC Marcel Padrós, el Supremo recuerda que la ley de Enjuiciamiento Criminal dice en su artículo 534 que "si al primer llamamiento judicial no compareciera el acusado o no justificara la imposibilidad de hacerlo, el secretario judicial señalará al fiador personal o al propietario de los bienes de cualquier clase dados en fianza el término de diez días para que presente al rebelde".
El siguiente artículo de la misma ley señala que "si el fiador personal o propietario de los bienes no presentara al rebelde en el término fijado, se procederá a hacer efectiva la fianza, declarándose adjudicada al Estado."