La amnistía fue una condición imprescindible para que Pedro Sánchez consiguiera la investidura en noviembre de 2023 con los votos a favor de Junts y ERC. Esto a pesar de que hasta aquel momento el PSOE y su líder se habían posicionado en contra de la ley del olvido. La oposición a la medida de gracia del PP —que había ganado aquellas elecciones— y de Vox se desencadenó de manera inmediata y furibunda. Ya antes de empezar las negociaciones se multiplicaron las muestras de rechazo, con manifestaciones multitudinarias por el centro de Madrid y en Barcelona y con numerosas noches de protestas a las puertas del PSOE en Ferraz. Las movilizaciones se mantuvieron durante meses. Incluso se incorporaron convocatorias para rezar el rosario delante de la sede socialista.
Los pronunciamientos del líder popular Alberto Núñez Feijóo fueron igualmente contundentes para denunciar que se estaba produciendo un ataque contra el Estado de derecho, mientras que José María Aznar llegó a tildar a Sánchez de peligro para la democracia española. Cuando el 30 de mayo de 2024 la amnistía se aprobó en el Congreso, los populares presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la ley. Este recurso, sin embargo, ya se resolvió y el TC avaló que la ley es constitucional, respeta la separación de poderes y la igualdad ante la ley.
Negativa del Supremo
En el ámbito judicial, también el Tribunal Supremo llevó el texto al Constitucional y, además, se negó a aplicar la amnistía a los líderes del procés asegurando que había habido beneficio personal en el delito de malversación que se les imputaba. El Supremo argumentó que el uso de fondos públicos para sacar adelante el referéndum no redujo su patrimonio personal de los implicados, pero sí que les representó un "beneficio personal y patrimonial", lo cual los dejaría fuera de la medida de gracia. La decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía, provocó también recursos ante el Tribunal Constitucional, entre otros, de Carles Puigdemont.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas, que también mantiene causas vinculadas al procés y el 1-O, presentó cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) relativas al delito de malversación y el impacto que tuvo sobre los intereses financieros de la Unión, otra de las excepciones que marca la amnistía. Por su parte, la Audiencia Nacional planteó cuestiones al TJUE sobre si se puede aplicar a los delitos de terrorismo que se atribuye a los CDR de la operación Judas, otra de las líneas rojas que señala la ley.
TJUE y TC
Estas cuestiones prejudiciales son las que deberá responder la Sala Grande del TJUE, que integra 15 jueces, el próximo jueves en Luxemburgo. En noviembre del año pasado, el abogado general del TJUE, Dean Spielmann, avaló la ley de amnistía, con el argumento de que es competencia exclusiva de cada estado, respeta el derecho de la Unión y no ha afectado fondos de la UE. Las conclusiones del abogado general, que habitualmente avanzan lo que será el pronunciamiento del tribunal, descartarían, pues, el argumento por el cual el Tribunal Supremo se niega a aplicar la amnistía a Puigdemont y los miembros del Govern.
No obstante, la decisión final que marcará el regreso de Puigdemont será del Tribunal Constitucional, cuando dé respuesta al recurso del president en el exilio contra la decisión del Supremo de no aplicarle la amnistía. Esta decisión, sin embargo, no llegará antes del próximo otoño.
Escenario político
Dos años después de la aprobación de la amnistía, cuando el TJUE y el TC encaran las decisiones definitivas, la situación política en Catalunya y España es radicalmente diferente. En Catalunya, Salvador Illa ha hecho del discurso de la "normalidad" la bandera de su gobierno, mientras el partido que lidera la oposición, Junts per Catalunya, sufre las consecuencias de la anormalidad que representa tener al líder de la formación en el exilio y las encuestas le auguran sucesivos reveses en las urnas. Lo que sí se ha mantenido constante a lo largo de estos dos años es el contexto de tensión entre Junts y ERC, tanto en Catalunya como en el Congreso de los diputados.
En cuanto a España, la amnistía ya no forma parte de las preocupaciones del PP. Más bien al contrario. El discurso de Alberto Núñez Feijóo habla ya de pasar página al procés, consciente de que, después de quedarse a las puertas de la Moncloa en 2023 a pesar de ganar las elecciones, no se puede permitir quemar ninguno de los puentes que le puede servir para llegar finalmente al poder. Ni siquiera el de los independentistas de Junts, con los que evita el enfrentamiento, a pesar de las protestas del ala más dura del partido. Esto no quiere decir que, tras abanderar en España y en Europa la oposición a la amnistía, una sentencia favorable del TJUE no deje en evidencia a los populares. No obstante, sus preocupaciones son ahora otras. Por ejemplo, la declaración el mismo día 16 de la directora general de la Guardia Civil ante el juez Santiago Pedraz por el caso Leire.
En el caso del PSOE y Pedro Sánchez, cada vez más acosado por los casos de corrupción que afectan a su entorno más inmediato, mantienen una relación más que tensa con Junts, que ante los incumplimientos del PSOE decidió dar por rotas las relaciones en octubre del año pasado. Algunas fuentes apuntan que una resolución positiva del TJUE que abriera las puertas del regreso de Puigdemont podría servir para reconducir el diálogo. Lo innegable es que el aval del tribunal de Luxemburgo aportaría un poco de aire al ejecutivo de Sánchez en un momento extremadamente complicado.