Una vez abortada la Operación Diálogo, el ejecutivo español ha puesto en marcha la operación mano dura. El giro estratégico se ha precipitado como un movimiento sísmico que ha removido el tablero político. A partir de ahora cada gesto tendrá una respuesta "proporcionada", según el gobierno del Estado. Si hay una urna, quedará precintada. Se ha acabado el temor a hablar de suspender competencias. El enclenque hilo de diálogo que se suponía que existía entre el Govern catalán y el español se tensó ayer hasta tal punto que ha acabar saltando por los aires.

Como una nerviosa partida de ping pong. Los gestos circularon a lo largo del día entre Madrid y Barcelona con una contundencia que hasta ahora se había evitado. Un juego rápido, para dejar claro que han cambiado las reglas.

El president, Carles Puigdemont, empezó la jornada desayunando con el cuerpo diplomático acreditado en Barcelona y aseguró ante una sesentena de cónsules que las "amenazas" del Estado no conseguirán frenar el referéndum.

Ocupaban el Salón Sant Jordi, café en mano, los representantes de los USA, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Japón, Canadá, Suiza, Israel... Y la decana de los cónsules, la peruana Franca Lorella, lejos de hacer ningún reproche sobre la tensión política, se limitó a desenvainar un diplomático violín y alabar la capacidad de acogida de los catalanes. Una melodía similar a la que sonó hace unos días cuando esta misma reunión se hizo con el delegado del Gobierno, Enric Millo. Para la política internacional, el caso catalán sigue siendo un asunto interno. En todas direcciones.

Reunión suspendida

No obstante, cuando la imagen y el aviso del desayuno diplomático llegaba a Madrid, desde Moncloa se anunció que quedaba aplazado el encuentro entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont. La pérdida era, de hecho, menor, si se tiene en cuenta que la cita caía fulminada cuando ni siquiera se había llegado a agendar. Es más, la previsión inicial era que hacerla antes de acabar el mes de enero, que el martes ya había pasado a mejor vida.

Desde la Moncloa, sin embargo, se quiso soltar un buen portazo a Puigdemont. Aunque la puerta no se hubiera abierto previamente. Quedó claro que el que reparte los tiempos es Rajoy y ayer decidió que su tiempo no estaría disponible para el presidente catalán hasta que no haya superado su baño en la balsa de aceite del congreso del PP.

Elena i Puigdemont en la reunión del Pacto Nacional del Referéndum / ACN

Todos estos movimientos se iban concentrando justo antes de la hora de comer. A penas los prolegómenos de la tormenta que se preparaba para las cuatro de la tarde, cuando estaba previsto que se reuniera de nuevo el Pacto Nacional por el Referéndum bajo la presidencia de Puigdemont, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

Tenía que ser una nueva exhibición de fuerza, con el auditorio del Parlament, de una blancura inmaculada, acogiendo el referéndum en su versión más aséptica; con la alcaldesa Colau blindando la propuesta y manteniendo con una mano s los comunes sentados a la mesa y con la otra propinando un desacomplejado estirón de orejas en el escepticime de la CUP. En definitiva, una cita amable de manos extendidas, promesas de diálogo y perspectiva de vuelo gallináceo.

No obstante, antes de cerrarse la puerta del auditorio donde se celebraba la reunión, un nuevo obús impactó contra la Ciutadella. Esta vez en forma de un teletipo de agencia en qué el Estado dejaba clara, sin ambages, su disposición a precintar colegios electorales y a recuperar competencias en caso de que se convoque el referéndum. El espantajo del artículo 155 de la Constitución, sobre la suspensión de la autonomía, aterrizaba de nuevo encima de la mesa.

Las reacciones al aviso del gobierno español llegaron por todos los lados, incluido la cuenta de twitter del presidente: "La democracia no se puede precintar, ni dejaremos que se precinte", avisaba Puigdemont.

El hecho es que en Madrid hay ahora mismo tantas operaciones en marcha que algunas amenazan de provocar post-operatorios complicados. La imagen de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría reunida con la líder de Ciutadans, Inés Arrimada, es una. El gesto para hacer evidente el cierre de filas entre los unionistas, puede resultar difícil de digerir para un PP catalán ya muy dolorido.

Respuesta proporcional

Al acabar la reunión entre Santamaría y Arrimadas, el secretario de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, reiteró que el referéndum es "ilegal" y no se llevará a cabo. La respuesta de Madrid será, según de Castro "proporcional" en las medidas que tome el Govern.

Las espadas están en alto. Más que nunca. El viernes la vicepresidenta española vendrá a Barcelona a explicar las inversiones del Estado en infraestructuras. El lunes, empezará el juicio contra el expresidente Artur Mas por la consulta del 9N y de nuevo se prepara una protesta en la calle. Según los organizadores, ya hay más de 25.000 inscritos. El Govern catalán en pleno ha comprometido su presencia.

Rajoy y la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, en los pasillos|pasadizos del Congreso / EFE