Esquerra Republicana no acompañará a la presidenta suspendida del Parlament y presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, en el inicio de su juicio en el TSJC por el caso de la Institución de las Letras Catalanas. Los republicanos recuerdan que no se trata de una causa vinculada a su actividad como política independentista, sino a una "mala praxis", a una "mala gestión de recursos públicos" vinculada a sus responsabilidades anteriores. "No podemos permitir que se reproduzcan casos de corrupción, banalizarlos o hacer ver que son lo que no son". Fuentes republicanas recuerdan que es la misma postura que cuando la suspendieron de derechos y deberes como diputada. Mientras tanto, los juntaires están organizando un acompañamiento con buses desde varios puntos del país.

Preguntada sobre su asistencia o no a la movilización de apoyo a Laura Borràs, la portavoz y secretaria general adjunta Marta Vilalta se ha remitido a lo que han dicho en el pasado: "Hablamos de una persona acusada por delitos de prevaricación y falsedad documental, por cuestiones de mala gestión cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas". En esta línea, la dirigente republicana ha añadido que "no tiene nada que ver con el 1-O". Y ha remachado: "Siempre estaremos muy comprometidos en la lucha contra la corrupción. No participaremos de un acompañamiento en un juicio por prevaricación y falsedad documental. No podemos permitir que se reproduzcan casos de corrupción, banalizarlos o hacer ver que son lo que no son".

 

Los republicanos recuerdan que es la misma postura que cuando el Parlament acordó su suspensión como diputada el pasado mes de julio, con los votos de ERC, el PSC y la CUP en la Mesa de la cámara catalana.

Llamamiento de Junts

El secretario general de Junts, Jordi Turull, envió una carta a la militancia invitándolos a la concentración que se celebrará el próximo viernes a las 9:30 de la mañana delante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), en el paseo Lluís Companys, en apoyo de la presidenta del Parlament suspendida, Laura Borràs, coincidiendo con el inicio de su juicio. En la carta Turull afirmaba que el juicio, por una supuesta fragmentación de contratos, es en realidad un nuevo episodio de persecución política al independentismo a través de la represión sobre sus dirigentes.

"Durante estos años hemos visto cómo la judicatura española mostraba un gran activismo político en la defensa de la unidad de España y de su voluntad de escarmiento, más que no la voluntad de trabajar al servicio de la Justicia. Justamente por eso no podemos desfallecer en la denuncia de estos ataques, que vulneran derechos fundamentales y ponen en riesgo los cimientos mismos de toda democracia," añadía el dirigente juntaire.