Esquerra Republicana ha registrado este jueves en el Parlament de Catalunya una batería de propuestas, entre las cuales se encuentra la de acelerar la creación del consorcio de inversiones entre el Estado y la Generalitat. Un instrumento que gestionaría las inversiones estatales en Catalunya y, por lo tanto, tendría la capacidad de obligar al Gobierno a cumplir con las partidas presupuestadas y garantizar su ejecución, según defienden los republicanos. El Gobierno confía en cerrar un acuerdo con ERC para crear este consorcio y facilitar así que los de Oriol Junqueras aprueben los presupuestos del Govern de Salvador Illa. Sin embargo, la demanda insistente de los republicanos para dar su apoyo a las cuentas es ceder la competencia de recaudación del IRPF a Catalunya, una medida a la que el Ministerio de Hacienda se niega de plano.

Este consorcio entre ambas administraciones debería servir para ejecutar de manera efectiva las partidas de los presupuestos generales del Estado que propone el Gobierno y aprueba el Congreso de los Diputados. Sería de facto un mecanismo para garantizar que en Catalunya se ejecuta aquello que se promete y evitar el déficit de ejecución que arrastra el país. Dado que la mayoría de las inversiones se traducen en infraestructuras, fuentes de Hacienda señalaron a este diario el miércoles que el consorcio debería depender del Ministerio de Transportes que encabeza Óscar Puente.

Plan de choque ante el "colapso viario"

Aparte de la propuesta para el consorcio de inversiones, Esquerra Republicana ha registrado en el Parlament de Catalunya una iniciativa a votar en la cámara para incidir en el "colapso viario" que viven las principales carreteras de Catalunya en los últimos meses. Los republicanos apuntan a la responsabilidad del Estado en este “caos” y denuncian que la "falta de inversiones" ha dañado la red viaria estatal, provocando congestiones y un aumento de la siniestralidad en las principales vías catalanas, como la AP-7 o la A-2.

En concreto, los republicanos ponen sobre la mesa un plan de choque para la AP-7 que incluya renovación del firme, mejoras de señalización, más elementos de seguridad, actuaciones en puntos negros o medidas de gestión del tráfico en episodios de congestión. Además, Esquerra exige al Estado un plan integral para modernizar todas las carreteras que dependen de él, como la A-2, la A-7, la AP-7, la N-340, la N-II o la N-260. De esta manera, señalan en la moción registrada, los republicanos quieren evitar situaciones de riesgo, como la del derrumbe en Ribera d’Ondara, en la A-2, los últimos días o la alta siniestralidad de la AP-7. También dar la vuelta al mal estado del Eix Pirinenc (N-260).  La moción que debe votar la cámara catalana también incorpora otras medidas en puntos específicos de la red viaria como el desdoblamiento de la N-II entre la frontera francesa y Tordera o la construcción de un tercer carril en el tramo de la AP-7 entre Vila-seca y Ulldecona.

La AP-7, la autopista que vertebra Catalunya y la conecta con Francia y el País Valencià, tiene un problema de capacidad y a menudo se colapsa con importantes retenciones, al tiempo que también presenta una alta siniestralidad que lo empeora todo. Desde que se retiraron los peajes hace cinco años —se acabó la concesión, a Abertis, y el Gobierno no la amplió por iniciativa de ERC en el Congreso— ha pasado a ser la carretera con la mortalidad más alta de Catalunya. El motivo es que el tráfico ha aumentado un 70%, con especial incidencia de los camiones de mercancías, que antes, cuando tenían que pagar, optaban por la carretera nacional N-340. La AP-7 tiene una capacidad máxima para absorber 5.200 vehículos por hora, y ahora en algunos tramos y en momentos determinados se llega hasta los 7.000, según datos del Servei Català de Trànsit. La infraestructura está asumiendo el coste y a menudo se colapsa, por lo que Trànsit hace tiempo que trabaja en planes de choque para descongestionar la vía y garantizar una mayor seguridad.