Esquerra Republicana y la CUP han reclamado que la ley de amnistía se aplique a todas las causas pendientes después de que el Tribunal de Cuentas haya archivado la reclamación contable contra los expresidentes de la Generalitat Carles Puigdemont y Artur Mas, el exvicepresidente Oriol Junqueras y una treintena de ex altos cargos por el referéndum del 1-O y los gastos de promoción exterior de Catalunya. La resolución, conocida este miércoles, también levanta las fianzas que pesaban sobre los encausados, que superaban los cuatro millones de euros.
ERC ha celebrado la aplicación de la amnistía a las 35 personas afectadas por esta causa, entre las que hay dirigentes republicanos como Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. La formación considera que es una "buena noticia, esperada desde hace demasiado tiempo", después de años en que el procedimiento ha mantenido bajo amenaza el patrimonio de los encausados y de sus familias. En este sentido, los republicanos sostienen que el sufrimiento provocado por la causa "ya ha supuesto una condena anticipada". Los republicanos defienden que, después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del pasado julio, no había justificación para continuar aplazando la aplicación de la amnistía. La justicia europea avaló la compatibilidad de la ley con el derecho comunitario, mientras que la resolución del Tribunal de Cuentas concluye que no se ha acreditado que los gastos investigados se hubieran financiado con fondos europeos.
Piden la amnistía a Jové y Salvadó
Para ERC, la decisión confirma la solidez de la estrategia seguida para conseguir la amnistía y demuestra que la ley se tiene que cumplir íntegramente y sin más dilaciones. Por eso, el partido reclama que se aplique al resto de causas abiertas, como el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por la organización del referéndum, y que el Tribunal Supremo haga la aplicación total y definitiva. "No puede quedar nadie fuera de la amnistía", sostiene ERC, que reclama acabar con la represión, restituir los derechos políticos de las personas represaliadas y permitir el retorno de los exiliados. La formación considera que el cumplimiento de la ley también es una prueba para la calidad de la democracia española, porque se trata de una norma aprobada por la mayoría del Congreso de los Diputados, validada por el Tribunal Constitucional y avalada por la justicia europea.
La CUP también ha celebrado que el Tribunal de Cuentas haya aplicado la amnistía a los encausados por los gastos vinculados al 1-O. En un mensaje en X, la formación anticapitalista ha afirmado que "ha llegado el momento" de situar la consecución de la independencia "en el centro", de "reconstruir" el independentismo "popular" y de "caminar con firmeza hacia la liberación" de los Països Catalans. La resolución del Tribunal de Cuentas, sin embargo, todavía no es firme y puede ser recurrida ante la sala de Justicia del mismo tribunal y, posteriormente, en casación ante el Tribunal Supremo. Societat Civil Catalana, que denunció los hechos y se ha opuesto a la aplicación de la amnistía, puede presentar recurso. La Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Generalitat, en cambio, habían defendido el archivo de la causa. En este escenario, ERC insiste en que la decisión no puede quedar como un caso aislado y reclama que la amnistía se extienda a todas las personas afectadas. "La amnistía se tiene que aplicar. A todo el mundo. Y sin más dilaciones", concluye la formación republicana.