La decisión del magistrado Pablo Llarena de cerrar definitivamente la investigación contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig y la remisión de la causa a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para que aplique definitivamente la amnistía deja en manos del juez Manuel Marchena el último trámite de su archivo final. No tiene fecha cuando sucederá; puede ser cuestión de días, incluso esta misma semana. Con el paso dado por Llarena —previsible después de que levantara las tres órdenes de detención hace un par de semanas— se entra de manera irreversible en el final del calvario judicial después de más de nueve largos años de exilio, iniciado en octubre de 2017, tras la disolución del Govern presidido por Carles Puigdemont, una vez que se aplicó el artículo 155 de la Constitución, instado por Mariano Rajoy. Llarena ha perdido su batalla jurídica contra la aplicación de la amnistía a Puigdemont. No porque el Supremo haya cambiado de criterio, sino porque el Constitucional ha impuesto una interpretación que estaba obligado a cumplir.
El recorrido judicial del procés en el Supremo se acerca a su final después de nueve largos años en que Puigdemont ha visto cómo se morían primero su padre, Xavier Puigdemont, en 2019, y después su madre, Núria Casamajó, en 2024. En el caso de Comín, su hermano Pere murió en 2018 y su madre, Maria Lluïsa Oliveres, en 2023. Este largo exilio comportó que Puigdemont no pudiera acompañar presencialmente a ninguno de sus padres en sus últimos momentos y siguiera los funerales a distancia. Cuando murió su madre, explicó que una de sus hijas le había cogido la mano en su nombre. En el caso de Comín, sí pudo estar junto a su madre y su hermano, porque ambos fallecieron en Lovaina, Bélgica, donde él ha permanecido exiliado desde 2017. Nueve años después, la justicia puede cerrar una causa, pero nadie puede devolverles los años de vida familiar perdidos. Hay decisiones judiciales que se pueden revocar, pero hay consecuencias humanas que son del todo irreparables.
En el mundo actual de la inmediatez, es muy difícil tener la perspectiva de una causa que ha condicionado extraordinariamente la política catalana y española y que terminará sin juicio contra Puigdemont
Llarena no ha cambiado de opinión, pero ha tenido que rendirse ante la doctrina del Constitucional. Primero, cuando el 26 de junio de 2025 avaló la constitucionalidad de la ley, por seis votos contra cuatro, y más tarde, el 6 de octubre de 2026, cuando estableció por siete votos contra cinco que la malversación del procés también debía ser amnistiada, corrigiendo así la sesgada interpretación del Supremo. Ahora, Marchena tiene la responsabilidad de cerrar definitivamente una causa que se abrió en 2017 y que ha marcado nueve años de la historia política de Catalunya. Todo el mundo espera que lo haga muy rápido y a su manera. Eso quiere decir que el magistrado no se limitará a aplicar la amnistía, sino que lo hará entre reproches al Constitucional, como ya hizo cuando la aplicó en el auto del 20 de octubre, que amnistió a Junqueras, Turull, Romeva y Bassa. Allí, dejó claro su enfado y utilizó expresiones subidas como, por ejemplo, decir que era de una innecesaria grandilocuencia el lenguaje empleado por el Constitucional; reprochar su injerencia por invadir, en su opinión, el ámbito jurisdiccional del Supremo; plantear una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica o, finalmente, acusarle de desdibujar el diseño que quisieron los constituyentes de 1978.
En esta ocasión, se espera algo similar de Marchena sobre un texto que, a buen seguro, hace tiempo que prepara y debe estar enlatado esperando el momento. En el mundo actual de la inmediatez, es muy difícil tener la perspectiva de una causa que ha condicionado extraordinariamente la política catalana y española y que terminará sin juicio contra Puigdemont. El Estado español asume así una derrota, forzada inicialmente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del pasado mes de julio, que avaló la ley de amnistía, antes de que el Constitucional obligara al Supremo a aplicarla a la malversación. El TJUE no ordenó directamente amnistiar a Puigdemont, pero despejó los principales obstáculos de derecho europeo que podían invocarse contra la ley y se cayó, a partir de aquí, todo el castillo de naipes diseñado por el Supremo. Primero fue Europa. Después, el Constitucional. Y finalmente, un Tribunal Supremo que ha tenido que aplicar una amnistía a la que se resistió durante más de dos años. Una victoria armada peldaño a peldaño, pero que política y legalmente ha valido la pena llevar a cabo.