El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha presentado este martes una denuncia contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por las declaraciones del líder socialista el pasado miércoles en una rueda de prensa, donde afirmó que había "escuchado las grabaciones" de las conversaciones entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas el día del accidente de Urda. En aquella primera comparecencia pública después del fatídico incidente, que dejó 69 víctimas mortales y más de 200 personas heridas, Puente afirmó que las órdenes que habían dado los responsables de la circulación eran "inexplicables" y horas después, estas conversaciones acabaron filtrándose a los medios de comunicación. Tal y como Alferro ha confirmado a ElNacional después de que El Mundo avanzara la noticia, han presentado la denuncia contra el ministro ante la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde aseguran que las declaraciones de Puente podrían constituir un delito de revelación de secretos o informaciones reservadas y de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas.
La denuncia de la organización de los trabajadores ferroviarios pone el foco en los hechos de la jornada del 28 de octubre, con la desconexión del sistema de seguridad LZB de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla hacia las 8:30 horas y la posterior autorización desde Atocha a avanzar "con marcha normal" al tren AVE implicado. El tren Iryo que circulaba más adelante estaba parado en la vía y no se pudo mover hasta que el AVE impactó unos 17 minutos después de aquella orden "inexplicable", según el propio ministro.
Puente reconoció haber tenido acceso a las grabaciones de las conversaciones entre Atocha y los maquinistas, y habló de sus contenidos, aunque evitó ofrecer una valoración detallada de su contenido. Aquella misma noche, las comunicaciones se acabarían filtrando a los medios de comunicación. En aquellas conversaciones se podía oír la indicación de "marcha normal" al AVE y las instrucciones que se dieron al Iryo.
Acciones contra Puente
La de Alferro no es la primera acción judicial referente a los audios, ya que el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) presentó el 30 de octubre una demanda en el juzgado de Orgaz para investigar la filtración de los audios, de manera genérica sin señalar al ministro. Por otro lado, el partido de ultraderecha Vox inició otra vía judicial contra el ministro en una querella en el Supremo por supuestos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. La denuncia del sindicato indica que las declaraciones del ministro podrían vulnerar la obligación de confidencialidad que debe rodear las investigaciones de accidentes ferroviarios.
Concretamente, citan el artículo 417 del Código penal, que castiga a las autoridades o funcionarios por revelar información que puedan conocer por su cargo y que no se deba hacer pública. Por otro lado, el artículo 466 se refiere a la divulgación de actuaciones judiciales declaradas secretas, aunque se debería saber si la información de los audios estaba en aquel momento protegida por el secreto judicial. Ahora, la Fiscalía deberá determinar si existen suficientes indicios para investigar las acciones del ministro.