¡Amnistiados! Finalmente, el Tribunal de Cuentas ha absuelto a los presidents Carles Puigdemont y Artur Mas y al exvicepresidente Oriol Junqueras, junto con una treintena de excargos, de la reclamación contable por la organización del 1-O y la promoción de Catalunya en el exterior, según ha comunicado este miércoles a los afectados y denunciados por Societat Civil Catalana. La consejera Elena Hernáez les aplica la amnistía al constatar que el gasto "no se hizo con fondos europeos" y también ha levantado las medidas cautelares, que consistían en la imposición de una fianza de unos 5 millones de euros, según el fallo al que ha tenido acceso ElNacional.cat. Los cargos políticos tuvieron que aportar los avales de propiedades particulares, hasta que la Caixa de Solidaritat y el Institut Català de Finances se hicieron cargo de estas aportaciones, que ahora tienen que ser devueltas.
No obstante, la sentencia no es firme y se puede presentar recurso de apelación en la sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, y después en casación al Tribunal Supremo, en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo. Seguramente la entidad españolista presentará recurso contra la aplicación de la norma del olvido penal, puesto que es la única que se ha opuesto desde la aprobación de la ley, hace dos años. La Fiscalía y la Abogacía del Estado han estado de acuerdo en archivar la causa, sobre todo después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) validó la ley. La Generalitat también se personó en el procedimiento y pidió su archivo al asegurar que las arcas públicas no estaban afectadas.
Sin fondos europeos
En la sentencia, de 69 páginas, la consejera recoge en los hechos probados que el gasto por el 1-O y la promoción de Catalunya entre los años 2011 y 2017 fue hecho, y que ninguna parte lo discute. Añade: "No ha resultado acreditado que se hayan utilizado fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea, ni administrados por esta o por cuenta de esta" para realizar los gastos del 1-O. Un extremo que Societat Civil Catalana quería hacer investigar ahora para alargar el procedimiento.
Precisa que así resulta de los certificados expedidos por la Intervención General de la Generalitat de Catalunya en fechas 28 y 31 de julio, y 6 de agosto de 2026, aportados junto con los escritos de alegaciones presentados en el trámite de audiencia, por las representaciones procesales de determinados codemandados.