La Junta de Portavoces del Parlament ha aprobado este martes una declaración institucional de apoyo a la huelga general convocada para el 11 de noviembre, que reclama mejoras salariales, medidas para garantizar el acceso a la vivienda y actuaciones para contener el aumento de los precios. La iniciativa ha recibido el apoyo del PSC, ERC, Comuns y la CUP, mientras que Junts, PP y Vox han votado en contra y Aliança Catalana se ha abstenido. A pesar de haber prosperado, el texto no se podrá leer en el pleno de la cámara, que empieza este miércoles, porque no ha alcanzado la mayoría de dos tercios que exige este tipo de declaraciones.
El documento expresa el "apoyo institucional" del Parlament a las "legítimas reivindicaciones" de la movilización y pone el foco en tres ámbitos: los salarios, la vivienda y el coste de la vida. En este sentido, insta al Gobierno a impulsar "de manera urgente" políticas para poner fin a la especulación inmobiliaria y reclama a la Generalitat que despliegue "todo el marco competencial" de que dispone para combatirla. La declaración también reclama al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que establezca "mecanismos de control efectivos" ante la evolución de los precios de los bienes básicos. En cuanto al mercado laboral, el texto hace un llamamiento a las organizaciones empresariales y patronales para que "desbloqueen de manera inmediata" la negociación colectiva, con el objetivo de conseguir incrementos salariales y reducir la jornada laboral.
Además, la cámara se compromete a "blindar" la financiación y la calidad de los servicios públicos. También pide al Govern que restrinja los servicios mínimos durante la jornada de huelga a los sectores que sean realmente esenciales y que vele para que se pueda ejercer plenamente el derecho constitucional de huelga.
La Mesa tramita dos proposiciones de ley y una ILP para blindar la sanidad pública
Por otra parte, la Mesa del Parlament ha admitido a trámite dos proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios y una nueva iniciativa legislativa popular (ILP). Esta última tiene como objetivo blindar el carácter público del sistema sanitario catalán. Para que la propuesta pueda llegar al debate parlamentario, los promotores deberán iniciar próximamente una recogida de firmas y conseguir un mínimo de 50.000.
En cuanto a las iniciativas de los grupos, el PSC y ERC han registrado conjuntamente una proposición de ley sobre producción agraria sostenible. La propuesta quiere avanzar hacia un modelo de agricultura y ganadería "más competitivas, resilientes y preparadas para afrontar los retos de futuro", así como poner en valor la producción de proximidad y los alimentos elaborados en Catalunya. La iniciativa también busca reforzar los vínculos entre los productores y la ciudadanía.