La Eurocámara ha hablado claro y el informe preliminar que ha realizado para investigar el uso de Pegasus apunta al Gobierno como responsable del espionaje al independentismo. La vicepresidenta de la Comisión y eurodiputada de ERC, Diana Riba, valora positivamente el documento y asegura que acredita un uso antidemocrático de Pegasus. "Que se relacionen estas escuchas con procesos políticos concretos y no con ataques terroristas o situaciones delictivas y violentas es muy importante: se demuestra que se utilizan estos programas para interferir en la vida democrática de un país, en este caso Catalunya", ha manifestado Riba.
Riba también ha destacado el hecho de que, por primera vez, se conozca una cifra, los 6 millones de euros que puede haber costado la compra de Pegasus por parte del estado español. "Hay que ser transparentes en la compra de estos productos con dinero público", ha defendido. El documento, que todavía es un borrador elaborado por la ponente Sophie in 't Veld y que tendrá que pasar el periodo de enmiendas, lamenta la "poca información aportada hasta ahora" por el ejecutivo español sobre el espionaje y señala que el Gobierno fue "probablemente" el primer comprador en la Unión Europea del software de NSO. Para sostener el argumento que las autoridades españolas pueden estar detrás del espionaje, el texto recuerda que se hizo en "momentos de relevancia política".
El precio de Pegasus
La compra del software Pegasus por parte del Gobierno habría costado 6 millones de euros y habría servido para espiar hasta 65 personas en el marco del CatalanGate. Es una de las informaciones recogidas en el informe preliminar, que también señala el Gobierno como el primer cliente de la Unión Europea del grupo NSO, el creador de Pegasus. El apartado sobre el espionaje en el Estado está hecho con referencias a publicaciones de los medios de comunicación. La ponente ha justificado este hecho porque el comité no ha hecho una misión en España y el Gobierno no ha respondido las peticiones de información. In 't Veld ha reconocido que los casos en el Estado son "delicados" y ha lamentado tener "poca información oficial y confirmaciones". Es por este motivo que la ponente ha reclamado a las autoridades españolas que les aporten "más información para evaluar la situación". "Si creen que alguna asunción es errónea, entonces que aporten pruebas", ha indicado la ponente dirigiéndose a las autoridades españolas.
CitizenLab, una fuente válida
La republicana también ha destacado que el informe verifique CitizenLab como una fuente perfectamente válida, a diferencia del Gobierno, que, en boca de la ministra Margarita Robles, se mofó tanto de CitizenLab como de The NewYorker aseverando que "no los conocía ni sabía quiénes eran sus fuentes". Por su parte, el también eurodiputado de ERC Jordi Solé también ha mostrado su satisfacción delante del informe: "Estamos muy satisfechos del resultado de la Comisión, aunque no es definitivo". La suya es una de las pocas causas que ha prosperado en los tribunales, aunque todavía se encuentra en una fase muy inicial. "La Comisión Pegasus del Parlamento Europeo confirma, en muchos extremos, aquello que venimos diciendo de hace tiempo: hemos sido víctimas de un espionaje de carácter político por parte del estado español", ha aseverado Solé.
Finalmente, la consellera de Exteriores, Meritxell Serret, ha asegurado que el Govern recibe con "satisfacción" el contenido del informe, así como las valoraciones de la ponente. En este sentido, Serret ha subrayado que el informe establece vínculos entre el espionaje a 65 víctimas catalanas con su ámbito político, y denuncia la falta de la colaboración del estado español. La consellera ha recordado el trabajo del Govern de trasladar al Parlamento Europeo toda la información posible en relación al CatalanGate. "El CatalanGate no es un caso cerrado, como tampoco por las instituciones europeas", ha indicado.