Lejos queda el Pedro Sánchez que hablaba de una "nación de naciones" y que se reunía con el president de la Generalitat al Palacio de Pedralbes. La ruptura de la mayoría de la moción de censura acabó de evidenciarse en el debate de este lunes. Allí acabó de comprar el marco mental de la derecha: la mano dura. Ya de entrada prometió una ofensiva contra TV3, la educación y la penalización de la convocatoria de referéndums. Ya avanzado el debate, incluso se comprometió a "traer a Puigdemont ante la justicia española". Las promesas de diálogo con el independentismo ya son una pantalla pasada, y aún más a pocos días de volver a las urnas, un mes después de la sentencia del procés.

Este miércoles dio un paso más. Durante todos los meses que duró el juicio, a pesar de los gestos que le reclamaba el independentismo, su gobierno respondió que no podía dar ninguna orden a la Fiscalía, que sería una interferencia en otro poder del Estado. Ahora, preguntado por la extradición de Puigdemont, dice lo contrario: que el ministerio público "depende del gobierno" y que es de esta forma como conseguirá poner al presidente en el exilio a disposición de la justicia española. La separación de poderes ya es una pantalla pasada. Tanto es así que ya ni siquiera hace caso de la Junta Electoral Central: la entrevista a RNE donde dijo esto la concedió en el Palacio de la Moncloa, a pesar del expediente que le abrió el árbitro electoral.

Las asociaciones de fiscales mayoritarias, que no esperaban esta ocurrencia, se pusieron como una moto cuando escucharon al candidato del PSOE. La misma Fiscalía General del Estado emitió un comunicado defendiendo su "autonomía". Pero no parece ser un patinazo de Sánchez. Horas más tarde, la vicepresidenta Carmen Calvo insistió en ello. "¿El fiscal general del Estado quién lo nombra en España? El gobierno", justificaba. Aseguraba que el ministerio público "estando encuadrado en el ámbito del poder judicial, no es poder judicial". Y reiteraba: "Tiene un vínculo importante con las decisiones de política criminal del gobierno en todas las democracias del mundo". Aprovechó para volver a reclamar a Bélgica "que esté a la altura" y lo entregue.

La campaña electoral del 10-N, que ya empezó el 14 de octubre con la sentencia del procés, se ha debatido entre las medidas a aplicar contra el independentismo catalán, no en el diálogo. La extrema derecha ha impuesto el marco de juego y casi todos los jugadores lo han comprado. Ahora Pedro Sánchez ha decidido asumir el rol de acusación contra Carles Puigdemont, un papel que casualmente ejerció Vox dentro de la sala segunda del Tribunal Supremo. Al público que quiere escuchar eso le da igual la separación de poderes cuando se trata de ir contra los "sediciosos" catalanes. A diferencia de Abascal, él sí tiene el poder del Estado.

Primero reveses de Europa

La historia de las euroórdenes se repite. Primero fue la justicia belga quien dejó a Carles Puigdemont en libertad sin medidas cautelares mientras examina la euroorden del juez Pablo Llarena. Ahora las autoridades del Reino Unido han contestado a la orden de detención europea sobre la consellera Clara Ponsatí. Primero han dicho que la petición "es desproporcionada" de acuerdo con su legislación. Después han rectificado y han dicho que "falta información esencial". Eso no frena la euroorden judicial, que sigue un camino en paralelo, pero es un nuevo revés a la causa.

En el anterior intento, el magistrado instructor decidió retirar todas las euroórdenes después de decisión del tribunal de Schleswig-Holstein, que limitó a un posible juicio por malversación, y no por rebelión, la extradición de Puigdemont. Eso fue julio de 2018. Antes, en diciembre de 2017, también la retiró argumentando que una posible entrega por un delito que no fuera el de rebelión pondría en duda la "unidad jurídica inseparable" de la causa en el Supremo. Parece que la causa del procés hace aguas cuando atraviesa los Pirineos.