Hay quien lo ha leído como un aviso, y hay quien lo ha leído como una amenaza. Lo verbalizaba al principio de esta semana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que decía que, si no se aprobaban los presupuestos del Estado para el 2019, habría elecciones españolas anticipadas este mismo año. Es una potestad que está exclusivamente en manos del presidente Pedro Sánchez. Pero, en el contexto actual, también es una prerrogativa estéril, porque en Moncloa son conscientes de que no tienen un plan B, una alternativa viable a la actual: la mayoría surgida de la moción de censura.

En el mejor de los casos, en unas eventuales elecciones anticipadas, servirían para revalidar esta mayoría que echó a Rajoy. Según el último barómetro del CIS, hecho público esta semana, el PSOE consolidaría su ventaja respecto del resto, con un 29,9% de intención directa de voto. Pero estamos lejos de la época de las mayorías absolutas y habría que pactar.

Mientras las izquierdas y partidos nacionalistas sumarian el 53,6%, las tres derechas –Ciudadanos, PP y Vox- sólo conseguirían el 39,1%, que difícilmente se convertiría en una alternativa a la Moncloa. No obstante, hay que tener presente un detalle nada menor: la encuesta del CIS fue hecha entre el 1 y el 13 de enero. O lo que es lo mismo: bastante antes de que en Podemos estallara la peor crisis de sus cinco años de historia con la marcha de Íñigo Errejón.

En el peor de los casos, en un escenario como el actual de alta volatilidad, las derechas sumarían y podrían desalojarle de la Moncloa. El PP está comprometido a exportar la "vía andaluza" al resto del Estado español y, si hace falta, al mismo gobierno español. Otro factor que hay que tener en cuenta es que encuestas como las del CIS no fueron capaces de predecir la irrupción de Vox en el Parlamento de Andalucía con 12 diputados, gracias especialmente a la desmovilización de los votantes de izquierdas.

Entre estos dos extremos parece no haber ningún camino del medio para Sánchez. Tampoco un pacto con un Ciudadanos que hace malabares para volver al centro después de haberse visto dentro de la boca del lobo de la extrema derecha. Desde la dirección de la formación liberal no quieren oír hablar de ninguna posible alianza con Pedro Sánchez, que tiene que salir de la ecuación porque consideran que se ha vendido al independentismo catalán y la izquierda abertzale. Un mensaje que primero se decía en privado pero que ahora ya se empieza  decir en público.

"Pedro Sánchez es un obstáculo porque ha roto los puentes entre constitucionalistas", decía Albert Rivera esta semana. "Ojalá Sánchez hubiera rectificado y hubiera determinado que Torra es el adversario y Ciudadanos un aliado. Pero ha determinado que Ciudadanos es un adversario y Torra un aliado", insistía el líder de la formación sobre la política de alianzas después de unas hipotéticas elecciones.

En este contexto, Sánchez sólo dispone de un plan viable: el de la mayoría de la moción de censura, la alianza con Unidos Podemos y los nacionalistas vascos y catalanes. Si quiere tirar adelante de verdad sus presupuestos, los primeros que revierten recortes después de año de austeridad, tendrá que negociar con unos partidos independentistas que han dejado claro que quieren entrar a hablar de la solución al conflicto político. Tendrá que dar pasos convincentes.

Además, el destino es muy caprichoso. El inicio del juicio al procés, el próximo 12 de febrero, coincide con el debate la tramitación de los presupuestos en el Congreso. Tanto el PDeCAT como ERC mantienen su intención de presentar una enmienda a la totalidad, que los tumbaría. De la habilidad de Sánchez dependerá que sigan el trámite parlamentario.