La Sala II del Tribunal Supremo ha dado hoy un plazo de cinco días para presentar alegaciones a los 12 presos políticos del procés independentista. El camino de los indultos sigue adelante, ahora con este trámite para que expliquen sus motivos para aceptar el indulto que se ha formulado a su favor.

Una vez recogidas las alegaciones, sólo faltará el dictamen del Tribunal Supremo para tramitar todo el expediente a la Moncloa, que es quien acabará decidiendo sobre si da o no los indultos. Una vez decidido, y en el caso de que el Gobierno conceda el perdón a los condenados por el procés, el último trámite se hace en la Zarzuela. El Rey es quien finalmente firma los indultos a petición del ejecutivo.

En doce providencias de contenido similar, una para cada uno de los condenados, se acuerda dar esta audiencia a los presos políticos ya que la solicitud de indulto está promovida por terceras personas e instituciones.

 

 

 

La sección catalana de la UGT ha pedido el indulto para Dolors Bassa, consellera de Treball y condenada a 12 años de prisión por el Tribunal Supremo. Bassa también fue secretaria general del sindicato en las comarcas gerundenses entre el 2008 y el 2015, aunque ha estado activamente vinculada al sindicato desde el 2000.

Por su parte, el abogado catalán Francesc de Jufresa remitió el pasado mes de diciembre al Servicio de Indultos del Ministerio de Justicia, la solicitud de la medida de gracia para los políticos independentistas, condenados a penas que van desde los 13 años de prisión e inhabilitación para cargo público al año y ocho meses de inhabilitación más una multa.

Y los expresidentes del Parlament Joan Rigol, Ernest Benach y Núria de Gispert registraron una petición de indulto para la también expresidenta de la cámara Carme Forcadell. Asimismo, han reivindicado la amnistía como mejor solución para los líderes independentistas encarcelados a raíz del referéndum del 1 de octubre de 2017.

Todos ellos tienen un plazo común de cinco días para expresar lo que tengan "por conveniente sobre esta petición" y formular, si lo consideran oportuno, "alegaciones previas a la elaboración" por la Sala del informe sobre los indultos que prevé la Ley.

Los informes de los centros penitenciarios sobre los indultos llegaron al Supremo el mes de noviembre. Estos informes elaborados por equipos multidisciplinarios de cada centro penitenciario destacan la evolución favorable de cada uno de los presos políticos, una condición imprescindible para esta petición. Según el Ministerio de Justicia, hay siete peticiones de indulto que ya llegaron a la mesa del Supremo a principios de octubre, y que también contemplan la medida para los exconsellers Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila, aparte de los 9 encarcelados.

La Fiscalía ya se ha opuesto a los indultos. A mediados de enero emitió su posicionamiento. Los fiscales del Tribunal Supremo han informado en contra de la concesión del indulto a los nueve políticos catalanes que se encuentran presos por delitos de sedición por su participación en el procés soberanista catalán. Fuentes del ministerio público han confirmado a ElNacional.cat que "los fiscales del juicio del procés han presentado ante el Tribunal Supremo los informes, que son contrarios a la concesión del indulto a todos los condenados" y que "no se aprecian razones de equidad, justicia o utilidad pública para conceder el indulto".

 

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