Hablar y tomar acuerdos sobre la autodeterminación no está permitido en el Parlament de Catalunya, o como mínimo así lo considera el Tribunal Constitucional, que ahora hace unas semanas acordó estimar el recurso de amparo de los diputados del grupo de Ciutadans en el Parlament y declaró la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament del 25 de septiembre de 2019, sobre dos dos propuestas de resolución, una sobre la autodeterminación y la segunda contra la sentencia a los líderes independentistas catalanes.
Hoy se ha reunido la Mesa del Parlamento en sesión ordinaria y ha tomado nota de esta sentencia del Tribunal Constitucional, y después ha acordado, por mayoría, estudiar la posibilidad de acudir "a instancias internacionales para defender la libertad de expresión en los debates parlamentarios". Así lo han acordado ERC, Junts y CUP, mientras que el PSC no se ha añadido a este acuerdo, han explicado fuentes parlamentarias a ElNacional.cat.
El pleno del TC precisa en su acuerdo que en el 2019 la Mesa "vulneró el derecho a ejercer las funciones representativas" de los diputados de Cs, en conexión con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos a través de sus representantes. Y, para restablecer su derecho, declara la nulidad de los acuerdos de la Mesa del Parlament del 25 de septiembre del 2019. La primera era del grupo de la CUP: "Un acuerdo para la autodeterminación, la amnistía y los derechos civiles y políticos." La segunda fue impulsada por los grupos de ERC, Junts y la CUP: "Por una respuesta de consenso ante la sentencia del juicio al procés", que el Supremo dictó el mes siguiente. Se indica que el 26 de septiembre de 2019 la mesa desestimó la petición de reconsideración de Cs.
La acusación por desobediencia
Estas dos resoluciones tienen un contenido similar a las de octubre y noviembre del 2019, sobre el soberanismo y contra la monarquía, que motivaron la acusación por desobediencia al TC de la Mesa encabezada por Roger Torrent. El diciembre pasado, la Fiscalía Superior de Catalunya anunció que pide una condena de veinte meses de inhabilitación de cargo público para el expresidente de la Mesa y actual conseller de Empresa, Roger Torrent (ERC), y a los exmiembros de Junts Eusebi Campdepadrós, actual secretario para la Administración de Justicia, y Josep Costa por un delito de desobediencia al Tribunal Constitucional al haber permitido un debate sobre la independencia de Catalunya y contra el Rey en el 2019. Solicita un año y cuatro meses de inhabilitación para Adriana Delgado (ERC), por participar en una de las dos votaciones. Antes, la magistrada instructora hizo detener Costa porque no se presentó a declarar como investigado.