El Govern ha conseguido validar este miércoles en el pleno del Parlament el decreto ley de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos de la guerra de Ucrania en Catalunya. Con esta medida, que ya aprobó el ejecutivo catalán y que solo tenía que pasar el trámite parlamentario, la Generalitat quería acoger en un solo texto todas aquellas iniciativas que se han puesto en marcha para responder a la situación económica y social. Y es que a la llegada de refugiados ucranianos hay que sumar la subida de precios que ha provocado en los productos alimenticios y en los carburantes, así como una inflación desbocada. El Govern ha ampliado, pues, el decreto que aprobó a finales de abril, y lo ha podido hacer gracias a los apoyos de los partidos del ejecutivo, ERC y Junts, y la abstención del PSC.
La consellera de la Presidencia, Laura Vilagrà, ha explicado desde el Parlament el contenido del texto. Entre otros puntos, establece medidas para agilizar procedimientos relativos a proyectos de energías renovables y recoge acciones para facilitar y mejorar la acogida de refugiados. También dispone que el incremento del 15% del ingreso mínimo vital del Estado no compute como ingreso y no se deduzca de la renta garantizada de ciudadanía. Y también incluye propuestas para agilizar el procedimiento de los proyectos de energías renovables y las medidas de protección y vivienda para los refugiados. Por otra parte, hace referencia a cuestiones relacionadas con la pandemia, ahora que la situación sanitaria se ve reforzada, y revisa, deroga o adapta medidas tomadas durante la pandemia para adecuarlas al contexto actual.
Vilagrà ha detallado que el objetivo del decreto es "ser lo máximo de útil a la ciudadanía" y ha defendido que recoge "todas las medidas en una única norma". Además, ha afirmado que "la inflación desbocada no se puede repercutir en los precios de los productos" y ha defendido que el decreto da apoyo a familias en situación de vulnerabilidad con prestaciones sociales de carácter económico, si bien ha reconocido que hay camino para recorrer. "Siempre se puede ir más lejos con más recursos, pero es un avance sustancial", ha defendido.
El anterior, con cuatro líneas básicas
El anterior decreto sobre medidas para hacer frente a los efectos de la guerra, aprobado a finales de abril, trabajaba con cuatro líneas centrales. Por una parte, congelaba temporalmente el impuesto sobre las emisiones de CO₂, teniendo en cuenta el incremento de los precios de los carburantes, que ha afectado a las familias, pero también las empresas y los autónomos como los transportistas. Además, suspendía temporalmente una tasa sobre la pesca fresca durante seis meses, que se encamina también en respuesta al incremento del precio de la gasolina. Por el contrario, incrementaba un impuesto concreto que afecta las eléctricas, después de los beneficios que han obtenido estas con el aumento del precio de la luz en los últimos meses, mientras que las recaudaciones se invertirán en financiar actuaciones de transición energética. Finalmente, también aumentaba en 39 millones de euros el presupuesto del Institut Català de Finances para que este pueda ampliar su línea de préstamos para pequeñas y medianas empresas y autónomos del sector primario.