Acción firme contra un caso de corrupción política y sanitaria. El titular del juzgado de instrucción 3 de Reus ha impuesto un total de 23 millones de euros en fianzas para indemnizar a unos 47 afectados en Catalunya y uno en Aragón por las prótesis defectuosas de la marca Traiber. La causa corresponde a la pieza separada 15 del llamado caso Innova, causa de corrupción donde hay implicados excargos del Ayuntamiento de Reus, con el alcalde convergente Carles Pellicer, responsables de la empresa Traiber, y una decena de médicos.

En concreto, el juez Diego Álvarez de Juan les da quince días para depositar estas cantidades, de forma solidaria, o dictará embargos. Reclama que tres responsables de la sociedad Traiber, con Luís Márquez, al frente y la Agencia Española del Medicamento aporten 23 millones de euros; CatSalut y el ICS, unos 22,5 millones; el Ayuntamiento de Reus y su empresa pública Sagessa, como responsable del hospital Sant Joan de Reus, 17,5 millones de euros; la clínica del Remei, dos millones de euros; la policlínica comarcal del Vendrell, un millón de euros, entre otros. Los inculpados pueden presentar recurso de apelación contra esta medida.

Influencia política

En el auto, el juez expone que esta manera de gestionar el dinero y la administración pública comportó que el gerente de Traiber declarara que desde el 2007 al 2014 el Hospital Sant Joan de Reus le compró "sin ningún tipo de licitación o proceso de adjudicación" de acuerdo con la contratación pública. "Eso certifica una elevada capacidad de los responsables de Traiber para relacionarse con las más altas instancias políticas en el ámbito local y autonómico", sostiene al juez Álvarez, que aclara: "Tales circunstancias por sí solas, no tendría ningún componente criminal, el problema surge cuando se usan estas relaciones para influir, presionar en las decisiones políticas con la finalidad de lucrarse con la adjudicación de contratos". Y asegura que algunas de estas presiones se extendieron a médicos del Hospital Sant Joan de Reus, como declararon en el juzgado.

El juez de Reus concluye que Traiber vendió a hospitales públicos o clínicas privadas a través del sistema de salud pública o de aseguradoras privadas, y los médicos "se colocan entre ambos operadores para lucrarse con sus intervenciones médicas". En una resolución anterior, el juez dictó el archivo contra unos cuarenta médicos, porque no vio ningún hecho ilícito, y ahora quedan una decena de investigados. A los 47 pacientes que ejercen la acusación particular se los colocaron productos Traiber defectuosos, y las fianzas oscilan a 500.000 euros por persona.

 

Caducados "como yogures"

En la resolución, el juez  recoge que en el informe de la Generalitat se afirma que "Traiber está vendiendo implantas de polietileno caducado" (componentes de prótesis para cadera y rodilla). Estos implantes se comercializaban estériles y tenían un plazo de validez de hasta cinco años. Se indica que la inspección encontró implantes fabricados y esterilizados en 1998, y, por lo tanto, solamente se podían usar hasta el 2003, pero se habían usado hasta el 2014, todo cambiante los adhesivos informativos.

Con este extremo, el juez reproduce las "sorprendentes" declaraciones de una trabajadora que le decían que "la caducidad de unos productos es como la de un yogur, que aunque esté caducado te los puedes tomar diez días después y no pasa nada". Añadió que cuando empezaron a caducarse los productos de polietileno que menos salían  a la  venta, no se los dejaron destruir por parte de la dirección.

En esta pieza de las prótesis caducadas del caso Innova, los investigados son encausados por un largo listado de delitos, que va desde la prevaricación, la malversación de fondos públicos, el delito de alteración de precios en concurso públicos, el tráfico de influencia, el soborno y el deber de perseguir delitos, entre otros.

 

Foto principal: El Hospital Sant Joan de Reus / ACN