Nuevo pulso del Parlament de Catalunya al Tribunal Constitucional y nueva advertencia de La Moncloa a la cámara catalana. Después de que la mayoría independentista haya rechazado la sentencia del procés y haya planteado un nuevo choque, desde el Gobierno avisan de que no dejarán pasar ni una. "El gobierno no dejará nunca sin respuesta ni va a permitir nada que sea ilegal", avisan fuentes del ejecutivo de Pedro Sánchez. Antes de actuar, sin embargo, esperarán a la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).
JxCat, ERC y la CUP han tenido que hacer filigranas para driblar el veto que el TC puso a su iniciativa parlamentaria el pasado 5 de noviembre. Aquel día anuló el apartado donde se afirmaba que los diputados "reiteran y reiterarán tantas veces como lo quieran la reprobación de la monarquía, la defensa de la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía". Ahora la cámara catalana ha aprobado la propuesta de resolución conjunta que rechaza la "censura" que hace el TC al derecho a la autodeterminación y la reprobación de la monarquía. También se cita la parte que el alto tribunal suspendió.
El pasado 5 de noviembre, el alto tribunal admitió tres incidentes de ejecución presentados por el Gobierno, que pedían al TC que se pronunciara sobre la propuesta de resolución conjunta de JxCat, ERC y la CUP de respuesta a la sentencia del procés. El texto reiteraba la defensa del derecho a la autodeterminación y volvía a reprobar el rey a Felipe VI. De la misma manera, el TC también anuló anulado el acuerdo de la Mesa del 29 de octubre que rechazaba las peticiones de reconsideración de Ciutadans, el PSC y el PP. Los magistrados avisaban al presidente de la cámara, Roger Torrent, y a los demás miembros de la Mesa de "su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada y se les perciba de las eventuales responsabilidades en las cuales pueden incurrir, incluida la penal."
Una vez publicada en el BOPC, el Gobierno podría aprobar presentar un nuevo incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional, como ha hecho durante las últimas semanas con varias iniciativas emanadas de la cámara catalana.