El Govern ha defendido la vigencia "al 100%" de su decreto ley a pesar de la sentencia del Tribunal Supremo que tumba los recursos de la Generalitat contra la aplicación del 25% de castellano. La Conselleria d'Educació, encabezada por Josep Gonzàlez-Cambray, ha asegurado que el Supremo no ha emitido una sentencia nueva y, por lo tanto, ha argumentado que la normativa catalana está totalmente vigente, según recoge Europa Press. Así lo ha afirmado después de que el alto tribunal español no haya admitido a trámite los recursos de casación presentados por la Generalitat ante las sentencias del Tribunal Superior de Justicia que anulaba el proyecto lingüístico de dos escuelas públicas. "La normativa catalana está 100% vigente, y deja claro que no tiene que haber porcentajes en la enseñanza de lenguas", ha argumentado Educació.
Educació se refiere al decreto ley que aprobó el Govern para dar respuesta a la sentencia del TSJC que impone un 25% de castellano en las aulas. Esta normativa subraya la "inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes" sobre el uso de la lengua y deja claro que es el Departament d'Educació y, en última instancia, el conseller, Josep Gonzàlez-Cambray, quien asume la responsabilidad del proyecto lingüístico de cada centro. Sin embargo, el Tribunal Supremo ha tumbado por primera vez los proyectos lingüísticos de dos escuelas de Catalunya por incumplir al 25% de castellano en el programa docente. La sección primera de lo contencioso-administrativo lo ha decidido después de desestimar los recursos de casación de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, al considerar que carecen de motivación. El Supremo ha anulado así los proyectos lingüísticos de dos centros escolares, uno de Abrera, Josefina Ibáñez, y el otro de Barcelona, el colegio Bogatell, ya que "no se ha fundamentado lo suficiente". Además, las providencias del Supremo a los recursos del Govern, con fecha de 13 de julio y ante las cuales no cabe recurso, imponen a la Generalitat las costas del proceso judicial. El alto tribunal español, además, ha escarnecido a la Generalitat para recurrir la decisión del TSJC de "forma generalizada sobre el sistema lingüístico, sin otra acotación y matiz", una circunstancia que "no parece debidamente complementada sino por referencias en exceso genéricas e indeterminadas que contrastan con el cariz casuístico que presenta el litigio". El Supremo, con esta argumentación, no entra a valorar a fondo la cuestión y tumba los recursos del Govern, además de quedar anulados los planes de los dos colegios catalanes.
La respuesta del Gobierno ante esta situación ha sido limitada, pero de nuevo ha dejado entrever su posicionamiento. En declaraciones en Europa Press, fuentes del Ministerio han advertido a la Generalitat, insistiendo en la obligación de "respetar y cumplir" las sentencias que imponen los tribunales del Estado, en referencia a todas aquellas que han dictado relacionadas con la presencia del castellano a las escuelas catalanas. Con la inadmisión a trámite de los recursos del Govern, ahora la estrategia de la Conselleria d'Educació que encabeza Josep Gonzàlez-Cambray, queda en el aire, aunque ahora su departamento asegure que el decreto está vigente "al 100%" y sirve para proteger los centros. Ya que en ambas escuelas se aplicará el 25% de castellano en el curso que viene, satisfaciendo el reclamo de las familias demandantes.