Durante su segundo discurso de investidura, el president Quim Torra se comprometió a recuperar algunas de las leyes aprobadas por el Parlament y tumbadas por el Tribunal Constitucional. Unos días más tarde, en el Congreso, el ahora presidente español Pedro Sánchez se comprometía a dialogar sobre la recuperación de estas normas. La misma mano tendida del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, este miércoles, cuando instaba a iniciar el diálogo hablando sobre estas iniciativas o la mejora de la financiación. Sin ir más lejos, no son pocas las leyes anuladas o suspendidas que fueron avaladas en la cámara por los mismos socialistas, y en algunos casos incluso por unanimidad del pleno. Estas son algunas:
Desahucios y pobreza energética
La ley de medidas urgentes para la emergencia habitacional y la pobreza energética, fruto de una iniciativa legislativa popular, fue aprobada el 29 de julio de 2015 por unanimidad en la mayoría de puntos, desde CiU y la CUP hasta Ciudadanos y el PP. La norma prohibía los desahucios sin antes ofrecer un alquiler social. También establecía la necesidad de garantizar los suministros básicos, con ayudas para evitar los cortes de suministro.
Argumentando la invasión de competencias del Estado, el gobierno español —entonces en funciones— la impugnó en abril de 2016 y, en junio de aquel año, el Tribunal Constitucional la suspendió parcialmente. Previamente, el TC ya había tumbado otras iniciativas en materia de pobreza energética, como el decreto ley de diciembre del 2013 con el que la Generalitat prohibía cortar el suministro de luz y gas entre los meses de noviembre y marzo en casos de pobreza energética.
En diciembre del 2016, el Parlament aprobó la Ley del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial, que pretendía rehacer los artículos recurridos de la ley de emergencia habitacional. También fue aprobada por unanimidad en la mayoría de puntos. No esquivó el veto del TC y también fue tumbada.
Igualdad de género
En julio de 2015, el Parlament aprobó la primera ley catalana de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Contó con el apoyo de todos los partidos, aunque PP y Unió no apoyaron en los puntos relativos al aborto y Cs en los que hacían referencia a las cuotas de paridad. La norma abordaba varios ámbitos, como la administración o el laboral, y preveía un régimen sancionador.
De nuevo aparecieron las togas. En mayo de 2016, el Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la norma, después del recurso de inconstitucionalidad del ejecutivo de Rajoy. En octubre de aquel mismo año, el tribunal declaró nulos e inconstitucionales cinco artículos, argumentando que la Generalitat legisló en materias que no son de su competencia como la regulación en el ámbito laboral, la igualdad sindical, el acoso laboral y los planes de igualdad.
Sergi Alcàzar
Cambio climático
Una de las leyes que citó Torra en la presentación de su programa de gobierno fue la ley del cambio climático, "una de las primeras leyes en Europa contra el cambio climático". Aprobada en julio de 2017, preveía la creación de impuestos para gravar los grandes barcos y también las actividades económicas que contaminan. El texto aprobado por la cámara contó con el apoyo de casi todos los grupos, con la única abstención del PP.
Pero en diciembre del año pasado fue suspendida cautelarmente por el TC, previo recurso de inconstitucionalidad del gobierno español. Esta suspensión ha sido parcialmente levantada —excepto el artículo con que la Generalitat quería prohibir el fracking—, aunque también de forma cautelar, hasta que se pronuncie sobre la constitucionalidad de los preceptos.
Canon digital audiovisual
En las medidas que adoptará en el ámbito de la cultura, el president Torra ha defendido la reactivación del canon digital audiovisual. Este impuesto, aprobado por una amplia mayoría de la cámara en 2014 (CiU, ERC, el PSC, ICV y la CUP), cobraba a las operadoras 25 céntimos por cada conexión que hubiera en Catalunya. Representaban unos 20 millones de euros el año y tenían como objetivo financiar proyectos del sector audiovisual catalán y también contenidos culturales digitales en catalán.
Pero el TC lo tumbó en julio de 2017, porque justificaba que se pisaba con el IVA, impuesto de ámbito estatal. Cinco de los doce magistrados hicieron un voto particular porque consideraban que sí que estaba clara la distinción entre el IVA y el canon digital catalán.
Voluntades digitales
En junio de 2017, el Parlament aprobó por unanimidad de todos los grupos la Ley de voluntades digitales, que recogía que los testamentos puedan contener las voluntades digitales y la designación de una persona encargada de ejecutarlas ante los prestadores de servicios digitales. Por otra parte, creaba un registro electrónico de voluntades digitales.
Pero el Gobierno español presentó un recurso de inconstitucionalidad en septiembre de aquel año y el Tribunal Constitucional lo admitió a trámite el 25 de octubre. Moncloa argumentó en aquel momento que habían solicitado abrir una comisión bilateral para tratar "aspectos técnicos", pero que la Generalitat no respondió.
EFE
Dos leyes de consultas
No una, sino dos leyes de consultas avaló el PSC en el Parlament. La primera fue en marzo de 2010. El pleno aprobó la ley de consultas populares por vía de referéndum, con los 70 votos a favor del tripartit (PSC, ERC e ICV) y, curiosamente, los 62 votos en contra de CiU, el PP y Ciudadanos (entonces en el Grupo Mixto). El entonces presidente Zapatero la recurrió y, finalmente, en mayo de 2017 el TC la anuló porque consideraba que regulaba una modalidad de referéndum que no está prevista en la Constitución.
La segunda fue la que sirvió de base para la consulta del 9-N, y que también contó con el voto socialista. La ley de consultas populares no refrendarias tiró adelante en septiembre de 2014 con 106 votos a favor (CiU, ERC, PSC, ICV, CUP y el diputado Joan Ignasi Elena), y 28 votos en contra (PP y Ciudadanos). Fue suspendida después del recurso que presentó el Gobierno español. La consulta se celebró de todos modos en forma de proceso participativo y el president Artur Mas, la vicepresidenta Joan Ortega y los consellers Irene Rigau y Francesc Homs fueron condenados.
Depósitos bancarios
El 26 de marzo de 2014, el pleno de la cámara aprobó la creación del impuesto sobre los depósitos bancarios con el voto favorable de todos los grupos, excepto el PP y Ciudadanos. Era un tributo propio de la Generalitat que grababa los depósitos constituidos por los clientes en las entidades de crédito que tuvieran la sede central, sucursales u oficinas operativas en Catalunya.
Pero en junio de 2015, el TC anuló la tasa catalana al considerar que el tributo que se creaba era idéntico al estatal, hecho que iba contra la Constitución. El impuesto estatal fue creado a finales de 2012, después de que la Generalitat lo aprobara por decreto. Tanto la ley como el decreto catalanes fueron desmenuzados.
Horarios comerciales
En febrero de 2014, el Parlamento aprobó con los votos de CiU, ERC, ICV, y el PSC la ley de horarios comerciales catalana. Esta norma incrementaba de ocho a diez los festivos de apertura anual y restringía la liberalización impuesta por la ley española. El PSC la apoyó porque mantenía el equilibrio entre pequeñas y grandes superficies y mejoraba la oferta de los consumidores.
Pero el Tribunal Constitucional también la pasó por el cedazo, anulando y declarando inconstitucionales todos los artículos recurridos por el Gobierno español. El alto tribunal argumentó que invadía competencias del Estado.
ACN
Acción exterior y Unión Europea
En otoño de 2014, la cámara catalana dio luz verde a la Ley de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea. Recibió 99 votos a favor (CiU, ERC, ICV y el PSC) y 29 en contra (PP y Ciutadans). Entre otras cosas, regulaba toda la acción exterior de la Generalitat con los objetivos de conseguir la máxima proyección internacional y el posicionamiento como actor internacional en las materias competentes.
Después de ser admitido el recurso del Gobierno español en abril de 2015, el Tribunal Constitucional la anuló parcialmente diciembre del 2016. La sentencia admitía que las comunidades autónomas pueden llevar a cabo actividades de proyección exterior, pero recordaba que tienen que respetar la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales. En este sentido, prohibía la "diplomacia pública" de la Generalitat y las relaciones "bilaterales".
Aranés
Con la única oposición de los 14 diputados del PP y los tres de Ciudadanos, el Parlament aprobó en septiembre de 2010 la Ley del aranés con 117 votos a favor, los del resto del hemiciclo. La norma buscaba dar reconocimiento y protección a la lengua occitana. Entre otras cosas, establecía que era la lengua de uso preferente a todas las instituciones del Aran.
El gobierno español de Zapatero presentó un recurso en aquel momento y no ha sido hasta febrero de este año que el TC se ha pronunciado. La sentencia argumentaba que la normativa "imponía la primacía" del aranés sobre el catalán y el castellano. También tildaba de "privilegio inconstitucional" que sea la lengua "normalmente utilizada" por la Generalitat en las relaciones con el Aran.