Ni autodeterminación ni presos políticos. La esperada visita de Pedro Sánchez a Barcelona el sábado pasado, el día siguiente de aprobar los presupuestos del Estado en Consejo de Ministros, acabó sin ningún gesto hacia los partidos independentistas. Toda la presión sobre el PDeCAT y ERC, que tienen que acabar de fijado posición –empezando por la tramitación de los mismos– sin ningún movimiento en el ámbito político ni judicial. En los pasillos de Moncloa, sin embargo, eran optimistas el pasado viernes: confían en lo que se podría bautizar como "efecto Tardà". O lo que es lo mismo, la división del independentismo.

En este sentido, desde el gabinete socialista recordaban cómo, el día anterior, el portavoz de los republicanos en Madrid salía al paso de las palabras del president Quim Torra, que advertía sobre una "crisis de gobierno" si no había unidad independentista en los presupuestos. Joan Tardà respondía que, aunque no había "mala intención" en las palabras del jefe del ejecutivo, la decisión se tomaría desde la sede de la calle Calàbria, y no desde el Palau de la Generalitat. "El Govern no es monocolor", insistía el jefe de filas de ERC en el Congreso.

De Barcelona a Madrid, las mismas diferencias estratégicas del independentismo en el Parlament se reproducen en el Congreso de Diputados. En el mismo grupo del PDeCAT en las Cortes españolas son evidentes las discrepancias. Por una parte, hay un sector, que encabezan Carles Campuzano y Ferran Bel, partidarios como mínimo de facilitar la tramitación. Por la otra, el sector puigdemontista, que lidera la vicepresidenta del partido, Míriam Nogueras, y que apuesta por el no a todo si no hay contrapartidas en la resolución del conflicto político. El choque entre las dos corrientes ha sido público y notorio. Con los números en la mano, dentro del grupo parlamentario se imponen los primeros.

El gobierno español confía en esta división independentista para que la balanza vuelva a decantarse hacia el pragmatismo. Su oferta está en los mismos presupuestos: los más sociales después de años de austeridad del Partido Popular. Y con una promesa de lluvia de inversiones en Catalunya, con el cumplimiento por primera vez de la disposición adicional tercera del Estatut de 2006, que establece que el Estado invertirá en Catalunya de forma equivalente a la aportación catalana al PIB español, es decir, el 19% de la inversión territorializada. Viendo los vientos que soplan desde Andalucía, la ministra María Jesús Montero se encargó el viernes de dejar claro que no era ninguna "contrapartida" al independentismo, sino "cumplir" con aquello que dice el Estatuto, trasladable a "otras comunidades".

El espantajo de la llegada de Vox al Congreso también ha estado y estará sobre la mesa como arma de presión a los partidos independentistas. "Si tú no vas, ellos vuelven", como decía el eslogan ideado por José Zaragoza. Las encuestas auguran un desembarque de la extrema derecha en la cámara baja española.

"Gobernaremos hasta el 2020", aseguró Pedro Sánchez el sábado en Barcelona. El cierto es que lo tendrá muy difícil para agotar la legislatura si no puede tirar adelante sus presupuestos. De la capacidad del independentismo para aguantar la presión dependerá el resultado final.