Al día siguiente de la jornada prevista para la larga declaración del DAO de la Guardia Civil, Mercedes González ha comparecido ante el juez Santiago Pedraz. Lo ha hecho como imputada en el caso Leire que investiga la Audiencia Nacional. Durante su declaración, González, directora general de la Guardia Civil, se ha situado en el bando de las víctimas de Santos Cerdán y no en el de los verdugos. Tras las declaraciones del exjefe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, asegurando que habían recibido presiones de la dirección de la organización, González lo ha negado rotundamente, según han explicado fuentes jurídicas. La socialista, que fue imputada a principios de mes, ha reconocido haberse reunido dos veces con la fontanera del PSOE pero que esta se presentó como una periodista freelance. Además, ha asegurado que si le hubieran avisado que Díez le había pedido la reunión enviada por Cerdán, se habría negado. La UCO informó de un tercer encuentro entre las dos, pero González ha desmentido ante Pedraz que este se hubiera producido.
González, que ya había tenido que comparecer en la comisión del Senado dominada por el PP sobre este asunto, ha asegurado que en una de estas reuniones, la fontanera sacó el tema del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba, a quien ya se investigaba en el marco del caso Koldo. Ante estas preguntas, la directora ha afirmado que optó por cortar la conversación.
Los informes de la discordia
La imputación de González, y del director adjunto operativo (DAO), el teniente general Manuel Llamas, se basa en la supuesta utilización de tres informaciones reservadas —expedientes disciplinarios internos— para presionar y dificultar la tarea de los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO). Según el texto de la Fiscalía Anticorrupción, estos expedientes se abrieron de manera coordinada y coinciden en el tiempo con el progreso de varias investigaciones judiciales por corrupción que afectaban al PSOE y al entorno del gobierno español. También queda recogido que Leire Díez habría aprovechado su relación personal con González para impulsar la apertura de estos procedimientos contra agentes de la UCO, extremo que González ha negado. En su declaración este jueves, Llamas también negó rotundamente haber aprovechado su posición para presionar a mandos del cuerpo con la intención de interferir en las diferentes investigaciones.
En cambio, tanto la Fiscalía como la acusación unificada consideran que la sucesiva apertura de estos expedientes no perseguía finalidades disciplinarias legítimas, que es lo que defienden desde la Guardia Civil. Apuntan a un patrón de utilización desviada de la potestad disciplinaria para crear un "efecto desánimo" y una "intimidación ambiental" sobre los agentes de la UCO que investigaban las diferentes causas de corrupción relacionadas con el PSOE y el entorno de Pedro Sánchez.