El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, ha comparecido este viernes ante la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado con un mensaje claro: no piensa dimitir. Ni ahora que está investigado judicialmente ni tampoco si el juez decide abrirle juicio oral. "No he pensado dimitir. La prueba es que aquí estoy, en mi puesto de trabajo. Mi situación real es la de inocente", ha afirmado el máximo responsable operativo del instituto armado, que esta semana declaró como investigado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por los presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. Su comparecencia en el Senado llega solo un día después de haber prestado declaración judicial en el conocido como caso Leire Díez o caso de las cloacas del PSOE, en el que se investiga si desde la cúpula de la Guardia Civil se intentó influir o condicionar determinadas investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO).
"Soy inocente"
Durante el interrogatorio de los senadores, especialmente en respuesta a las preguntas de la senadora de UPN Maria del Mar Caballero, Llamas ha reiterado varias veces que no considera abandonar el cargo. El teniente general ha defendido que su situación procesal no justifica una dimisión porque continúa amparado por la presunción de inocencia. "Hay multitud de guardias civiles, de todos los rangos, investigados o imputados en situaciones procesales infinitamente peores que la mía y continúan ocupando su puesto", ha argumentado. Con esta comparación, Llamas ha querido desvincular la simple existencia de una investigación judicial de cualquier obligación política o profesional de dejar el cargo.
El apoyo de Marlaska
Uno de los momentos más relevantes de la comparecencia ha sido cuando el DAO ha revelado que, después de su imputación, mantuvo una conversación con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Según ha explicado, el ministro del Interior le trasladó que considera "injusta" su situación judicial y que continúa manteniéndole la confianza. Este apoyo político explica, según el mismo Llamas, que continúe ejerciendo como máximo responsable operativo de la Guardia Civil.
También ha confirmado que habló con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González —igualmente investigada en esta causa—, después de la difusión de datos personales incluidos en un informe de la UCO relacionado con la investigación sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Según Llamas, González le advirtió de la gravedad de la filtración porque afectaba a personas ajenas a la investigación.
Posteriormente, ha relatado, también recibió una llamada de Grande-Marlaska, que le transmitió el impacto que había tenido la publicación de datos personales, especialmente después de que la dirección electrónica de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, acabara difundida y recibiera numerosos mensajes ofensivos.
Niega haber presionado a la UCO
En cuanto al fondo de la investigación, Manuel Llamas ha evitado aportar novedades respecto de su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Ha reiterado que nunca presionó a la Unidad Central Operativa para que rebajara el tono o se mantuviera al margen de investigaciones sensibles, entre ellas la que afectaba a David Sánchez. Esta es precisamente una de las principales sospechas que investiga el juez Pedraz: si desde la dirección de la Guardia Civil se intentó interferir en el trabajo de los investigadores en causas con un fuerte componente político. Llamas rechaza categóricamente esta acusación e insiste en que todas sus actuaciones se ajustaron a la legalidad.
El "honor" de la Guardia Civil
La comparecencia también ha dejado un debate simbólico en torno al lema histórico de la Guardia Civil: "El honor es mi divisa". Preguntado sobre si su imputación perjudica este principio, el número dos de la benemérita ha respondido que el honor no depende de lo que opinen terceros. Según ha afirmado, es él mismo, junto con sus superiores, quien debe valorar si conserva este honor profesional, y no el hecho de que esté inmerso en una investigación judicial.
La intervención de Manuel Llamas reabre el debate sobre hasta qué punto un alto cargo policial debe seguir ejerciendo sus funciones cuando es objeto de una investigación penal. Mientras el DAO defiende que la presunción de inocencia debe prevalecer hasta una eventual condena, los grupos de la oposición cuestionan que el máximo responsable operativo de la Guardia Civil siga dirigiendo el cuerpo mientras es investigado por presuntas maniobras para interferir en investigaciones judiciales. Pero Llamas deja claro que no piensa dar ningún paso al lado. Ni su imputación ni un eventual juicio alteran, según dice, su voluntad de seguir al frente de la estructura operativa de la Guardia Civil.