No ha habido sorpresas: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la ley de amnistía. Y lo ha hecho en unos términos inequívocos, tanto que, incluso, ha ido más allá de su Abogado General, Dean Spielmann, que ya había avanzado su criterio favorable el pasado mes de noviembre. El Tribunal Supremo deberá decidir ahora qué hace, una vez que su estrategia de poner trabas permanentes para no aplicar la ley ha quedado desmontada. Hecha añicos. Porque la sentencia del TJUE no admite matices en tres aspectos que son los más importantes: en primer lugar, avala la compatibilidad con el derecho de la Unión Europea de la ley de amnistía aprobada por el Congreso de los Diputados en mayo de 2024; en segundo lugar, rechaza las principales objeciones formuladas tanto por la Audiencia Nacional como por el Tribunal de Cuentas; y, finalmente, sitúa un corsé jurídico para tratar de impedir que los tribunales españoles, sustancialmente la AN y el Supremo, dejen de aplicar la ley invocando, como han hecho hasta la fecha, el derecho europeo.
El fallo del TJUE cierra una etapa de casi nueve años en que la alta magistratura española ha utilizado las instancias judiciales europeas para poner todo tipo de trabas. Bien es cierto que, en los grandes asuntos, su derrota ha sido importante y el independentismo catalán se ha podido ir agarrando a ello. No es exagerado decirlo así: si no hubiera sido por Europa, la justicia española haría tiempo que habría hecho añicos la defensa de los exiliados y los implicados en causas diversas afectados por la ley de amnistía. Aunque hay pocas posibilidades de que acabe sucediendo, también allí, en el Supremo, alguien debería reflexionar sobre si ha llegado el momento de quitarse la camiseta rojigualda y defender la justicia por encima de todo. A los tribunales españoles les queda la gestión del tiempo, que no es poca cosa, y una vez más todo apunta a que tomarán el camino equivocado. Formalmente, se tomarán su tiempo y se irán de vacaciones en el Supremo el próximo 1 de agosto. La realidad es que esperarán a ver qué dice el Tribunal Constitucional, a la vuelta del verano, el próximo mes de octubre.
El fallo del TJUE cierra una etapa de casi nueve años en que la alta magistratura española ha utilizado las instancias judiciales europeas para poner todo tipo de trabas
En el fondo, es una estrategia que nadie va a impugnar. El PSOE no tiene prisa en tener a Carles Puigdemont paseando por las calles del país y defiende que ya se ha desgastado suficiente en este tema, que, además, hizo a regañadientes y porque le faltaban los siete votos de Junts per Catalunya para la investidura de Pedro Sánchez. Por su parte, en Junts aún escuece cómo se la quisieron colar el 30 de enero de 2024 con una propuesta de ley de amnistía mucho más inconcreta y que no blindaba a todos los encausados frente a delitos de terrorismo o traición. En aquella discusión inicial está el inicio de la desconfianza que ha acompañado las relaciones entre los dos partidos toda la legislatura. Ahora, además, se sienten maltratados por el partido de Carles Puigdemont por haber situado la legislatura española en vía muerta. Si el PSOE no tiene prisa, el PP aún tiene menos. En su partido aún hay restos de oposición aglutinados alrededor de Aznar y de Díaz Ayuso que se encuentran cómodos echando leña a este fuego.
El resultado en el PP acaba siendo que el problema lo resuelva siempre otro y su máximo movimiento quedó definido en aquella frase de Alberto Núñez Feijóo de hace unos días de que había que pasar página. Solo eso, ya que entre una parte de su electorado la amnistía sigue siendo muy impopular y divisoria. De esa doctrina emana la posición del esperar y ver del Supremo. O quién sabe si viceversa. En cualquier caso, nada va a cambiar en la política española y la soledad de Pedro Sánchez no se va a ver modificada y va a seguir perdiendo votaciones en el Congreso de los Diputados, como en los últimos tiempos. En cuanto a la política catalana, veremos si hay un repunte en el diálogo entre los partidos que ocupan la centralidad política del país. El retorno del president Puigdemont no tiene fecha, pero sí debería tener un horizonte más claro que antes de la sentencia del TJUE de este jueves: podría ser factible en otoño. Dependerá del Constitucional primero y del Supremo después.
Habrá que ver, también, si tiene efectos la delicada situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la actuación del presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. Junts ya ha acusado últimamente a Pumpido de administrar el calendario del TC con una vista puesta en la Moncloa y otra en el Palau de la Generalitat. El abogado de Puigdemont ha sido absolutamente claro al respecto. Que el regreso del president en el exilio no sea un problema de Pedro Sánchez, sino de quien le suceda, y que su presencia en la política catalana no debilite a Salvador Illa. Para Junts, el Constitucional debería haber zanjado su posición este mismo mes de julio, ya que tenía dos semanas entre la sentencia del TJUE y las vacaciones. Eso hubiera centrado toda la presión en el Supremo, que, al final, es el tribunal que tiene que retirar las órdenes de detención de Puigdemont y validar la amnistía para los presos del procés y para todos los independentistas que aún tienen procesos judiciales abiertos.