Novedades en la causa de Diana Riba, vicepresidenta de ERC y diputada en el Parlamento Europeo, y Josep Maria Jové, presidente del grupo parlamentario del partido, por el espionaje con Pegasus como dos afectados del CatalanGate. La Audiencia de Barcelona ha ordenado imputar, tal como habían pedido los republicanos hace unos días, a tres directivos de la empresa israelí NSO, titulares del software espía. Es la primera vez que esto ocurre en una querella interpuesta por políticos independentistas, aunque meses atrás, a principios de 2025, ya se imputó a estos directivos en la causa por el espionaje al abogado de los republicanos, Andreu van den Eynde. En una rueda de prensa conjunta en el Parlament de Riba y Jové, en la que también ha participado Joan Ignasi Elena como portavoz de políticas antirrepresivas de los republicanos, han celebrado esta imputación, hablando de un hito que hasta ahora no se había alcanzado: "Esto es muy importante, nos ayuda a internacionalizar de manera definitiva esta causa", ha subrayado Jové, agradeciendo el trabajo realizado también en la comisión de investigación en el Parlamento Europeo.
La exdirectora del CNI niega el espionaje a Riba y Jové
Esta misma semana, la exdirectora del CNI, Paz Esteban, compareció ante la titular del juzgado de instrucción 20 de Barcelona, imputada por espiar con Pegasus a Jové y Riba entre los años 2019 y 2020, pero guardó silencio. La exdirectora del CNI aseguró que no declara porque el Consejo de Ministros no le ha levantado el deber de guardar secreto, que rige el CNI, y también que este ente no espió a ninguno de los dos políticos de Esquerra.
Con este hecho ironiza Jové, mientras ha reclamado al gobierno español que desclasifique más documentación sobre el espionaje: "Creemos que están poniendo en graves problemas a la exdirectora del CNI, porque dice que no nos espió a nosotros, pero la jueza dice que sí, y la Audiencia dice que hay indicios, pero esta señora afirma que no puede hablar porque el Consejo de Ministros no lo autoriza. Cuando vaya a juicio, será ella misma la que pedirá la desclasificación de documentos, si no, no se podrá defender". Joan Ignasi Elena ha explicado que el grupo de ERC en el Congreso reclamará al gobierno español desclasificar el caso Pegasus a través de una batería de preguntas, en línea con lo que ya ha pedido Irídia. Cabe recordar que, a pesar de la lista publicada por CitizenLab sobre el CatalanGate en 2022 incluía hasta 65 nombres de independentistas espiados, el gobierno español reconoció haber espiado "solo" a 18 personas.
A contrarreloj
Las investigaciones judiciales sobre el CatalanGate se encuentran en la cuerda floja, ya que la mayoría se produjeron entre 2019 y 2020 y el delito de revelación de secretos -el principal en estas causas- prescribe al cabo de 5 años de haberse sucedido los hechos, es decir este mes de octubre. Así, a contrarreloj, el abogado Andreu Van den Eynde, afectado también por el espionaje y el encargado de llevar las querellas de Esquerra, pidió que en la causa por el espionaje a Jové y Riba se incluyera la imputación de los tres directivos, para que expliquen cómo funciona Pegasus, y dónde están los datos sustraídos de los móviles de los independentistas espiados. La prescripción en esta causa se cumplía el próximo 8 de octubre. Finalmente, lo han conseguido, con un nuevo impulso de la Audiencia de Barcelona a las causas del espionaje de Pegasus.