Un dictamen solicitado por Génova apunta a un delito de tráfico de influencias en el contrato del hermano de Ayuso, según informa el diario El Confidencial. El pasado mes de septiembre la directiva del PP acordó abrir un expediente sancionador a Isabel Díaz Ayuso, lo que contradice las declaraciones del secretario general del partido, Teodora García Egea, que ayer afirmó que la decisión se había tomado después de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en las cuales acusaba directamente a Pablo Casado de haber puesto en marcha una operación por desprestigiar su carrera política con acusaciones falsas. Según reconocen fuentes del PP, este verano el partido ya había recibido información sobre el pago de una comisión al hermano de Díaz Ayuso. El mes septiembre, Pablo Casado se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, como reconoció ella misma este jueves, en la cual Casado le habló de la existencia de un dosier en el cual se hacía referencia al cobro de esta comisión. Según el rotativo, en esta conversación, Casado le exigió a Díaz Ayuso que diera "un paso atrás" en su pretensión de presidir el PP de Madrid.

"Chantaje"

La idea de Casado en esta reunión era que el partido no se podía arriesgar a que el asunto de la comisión saliera a la luz, ya que, según argumentó, el dosier había llegado incluso a Moncloa. Según Casado era una manera de proteger tanto a Ayuso como al partido. Desde Génova se intentó que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, encabezara la candidatura a presidir el PP de la Comunidad y, eventualmente, sustituyera a Ayuso como cabeza de lista en las elecciones que se celebrarán en la Comunidad mayo de 2023. Según fuentes próximas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso se negó a aceptar este trato, porque lo consideró como un "absoluto chantaje". Después de esta negativa es cuando el PP le habría abierto un expediente sancionador. A consecuencia de este, desde Génova, se le pidió a Ayuso información detallada sobre el contrato de compra de mascarillas en la empresa Priviet Sportive SL que se firmó el 1 de abril de 2020 para la compra de 250.000 máscaras FFP2 por un importe de 1.512.500 euros.

Según informa el rotativo, en este dosier también figuraban contratos menores con las empresas Artesolar y Sismédica (por un importe total que suponía unos 80.000 euros), participadas por Tomás Díaz Ayuso. No obstante, estos contratos no presentaban ninguna irregularidad. El objetivo del PP era claro: detectar cualquier ilícito penal en la operación por la cual el hermano de Ayuso se habría embolsado casi 300.000 euros. La cuantía de la comisión figura en un contrato privado entre Tomás Díaz Ayuso y el dueño de Priviet Sportive SL, Daniel Alcázar, por el concepto de 'intermediación'. Esta cantidad supone casi un 20% de la cuantía del contrato. En el dictamen realizado por el despacho de abogados, a los cuales ya se ha adjuntado al expediente incoado en Díaz Ayuso, se llega a la conclusión de que podía haber existido un delito de tráfico de influencias en la adjudicación. La cuestión es que, como reconoce el informe, no hay ninguna prueba que demuestre o apunte a Díaz Ayuso como facilitadora de este contrato.