La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que no hay "ninguna prueba" que "demuestre" que ella tiene nada que ver con ningún contrato irregular. Lo ha dicho en referencia a las informaciones que apuntan a que la dirección del PP contactó con una agencia de investigadores privados para investigar el contrato que la comunidad de Madrid firmó en el 2020 para comprar mascarillas e hipotéticos pago al hermano de Ayuso. "No hay ninguna contratación irregular por mi parte, no he hecho nada ni he adjudicado nada a nadie de mi entorno", ha afirmado, que ha remachado: "Unos y otros, como no han podido acabar conmigo, van contra mi familia".
Ha hecho estas manifestaciones en respuesta a las preguntas a la sesión de control del portavoz del PSOE a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, y de la líder de Más Madrid a la Asamblea, Mónica García, que le han pedido en la Fiscalía "toda la información relevante" sobre el supuesto caso de contrato irregular que ha destapado la guerra sucia dentro del PP.
Guerra abierta
La guerra abierta desde hace meses entre la dirección del PP e Isabel Díaz Ayuso está más cerca del conflicto bélico que de la desescalada. Ha sido después de las informaciones publicadas en las últimas horas, por diarios como El Mundo y El Confidencial, que revelan que personas próximas a Pablo Casado habrían contactado con detectives privados para investigar a la familia de la presidenta madrileña. Concretamente para investigar a su hermano, Tomás Díaz Ayuso, por un supuesto contrato irregular durante la primera ola de coronavirus. Génova niega los hechos, pero Ayuso ya ha convocado a los medios este mediodía en la Puerta del Sol.
Según las informaciones publicadas, Ángel Carromero habría intentado conseguir información sobre un contrato adjudicado por la Comunidad de Madrid a un empresario amigo supuestamente de Ayuso. Carromero, que hoy es el director general de Coordinación del Ayuntamiento de Madrid, es un viejo conocido del PP de Madrid. No sólo por su episodio en Cuba en 2012, cuando en un accidente de coche asesinó al disidente Oswaldo Payá. También es una persona muy próxima a Teodoro García Egea, secretario general del PP y mano derecha de Pablo Casado.
El objeto del contrato que se quería investigar era la compra mascarillas FFP2 y FFP3 por quince millones de euros. El empresario es Daniel Alcázar Barranco, residente en Sotillo de la Adrada (Ávila), donde veranea la familia Ayuso. Primera Génova habría intentado buscar buscar información sobre este contrato, sobre Tomás Díaz Ayuso y sobre los movimientos bancarios de este y de la empresa, por si habría habido comisiones de por medio. Como no lo habrían conseguido, siempre según las informaciones publicadas, se habría pedido un presupuesto a una agencia de detectives privados. No se habría ejecutado por el precio del servicio y la dificultad para no levantar sospechas.